EU sanciona a activista mexicano que denunció espionaje por parte de las Fuerzas Armadas

El Gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a Raymundo Ramos, un activista mexicano que denunció haber sido espiado por el Ejército mexicano, y lo acusó de tener nexos con el narcotráfico, además de varios establecimientos con presuntos vínculos con organizaciones criminales.

El Departamento del Tesoro congeló hoy todas las propiedades y activos que Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas), pueda tener en EU y prohibió a las personas estadunidenses hacer negocios con él.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro acusó a Ramos de "liderar" una campaña de desinformación en contra de las autoridades mexicanas, "haciéndose pasar por un activista de derechos humanos", en beneficio del Cartel del Noreste (CDN), cuya base de operaciones se encuentra en Nuevo Laredo.

El Gobierno de EU, sin embargo, no presentó una acusación formal contra Ramos ni publicó documentos que sustenten estas denuncias.

A mediados de 2023, tanto Ramos como varios medios de comunicación de México y el diario The New York Times revelaron que el Ejército mexicano —bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)— usó el software Pegasus para espiar a Ramos y a reporteros locales que investigaban denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

En el comunicado de este martes, EU tildó de "falsas" las denuncias que Ramos ha presentado contra el Ejército y lo acusó de pagar a personas "para que asistan a protestas" con el fin de "proteger la reputación (…), mejorar la percepción pública del cartel y desacreditar" a las autoridades mexicanas.

Nuevo Laredo, en la frontera con Texas, es una de las ciudades más azotadas por los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y organizaciones del crimen organizado, así como por disputas entre estos grupos.

Según cifras de junio de 2025 del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Nuevo Laredo se mantiene entre los municipios con más personas desaparecidas del país, con alrededor de 2 mil 300 a 2 mil 700 casos acumulados desde 2010.

El Cartel del Noreste (CDN) es uno de los grupos narcotraficantes que el Gobierno de Donald Trump ha designado como organización terrorista, junto con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

También están señalados varios establecimientos como: el Casino Centenario, situado en la localidad de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, a apenas 3.2 kilómetros de la frontera estadunidense.

Casino Centenario es regentado por Comercializadora y Arrendadora de Mexico (CAMSA) y es utilizado por el cártel del Noreste como "casa de seguridad de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego", aseguró el texto.

Otro de los sancionados es Diamante Casino, ubicado en la ciudad de Tampico (Tamaulipas).

La lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) también incluye a Eduardo Javier Islas Valdez, Crosty, como operador del cártel, supuestamente encargado de cruzar a migrantes indocumentados a través del Río Grande hacia Texas.

Además, está el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su trabajo vinculado al CDN, como defensor entre otros del capo Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40. Su trabajo va "más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente", afirmó la OFAC.

Edición: Ana Ordaz