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La Jornada
21/04/2026 | Ciudad de México
Carolina Gómez Mena
Ante los recientes feminicidios en la Ciudad de México de Edith Guadalupe y Ana Febe, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) sostuvo que ambos casos evidencian una “constante negligencia institucional, que en lugar de prevenir la violencia, la agrava.”
La agrupación demandó que todas las fiscalías, incluida la capitalina lleven a cabo investigaciones con debida diligencia reforzada; conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de feminicidio y con respeto irrestricto al debido proceso; sin simulaciones ni encubrimientos y que se evite la revictimización de las familias, “las que han enfrentado no solo la pérdida, sino también la negligencia de las autoridades.”
El OCNF expresó su “profunda indignación” por los crímenes. El 24 de marzo fue localizada sin vida Ana Febe, egresada de Pedagogía en la FES Acatlán de la UNAM, y “ a pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía de Cuajimalpa se negó a investigar el caso como feminicidio y lo clasificó de manera anticipada como homicidio culposo.”
Esa actuación ocurrió apenas dos semanas después de la presentación de la propuesta de Ley General contra el Feminicidio, “ignorando tanto este instrumento como las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación fue minimizada y conducida con prácticas que desconocen décadas de avances en materia de derechos de las mujeres. El OCNF está dando seguimiento a este caso.”
Luego, el 15 de abril, Edith, una joven de 21 años, salió a buscar trabajo y fue engañada con una supuesta entrevista en un edificio de la alcaldía Benito Juárez.
Nunca salió de ahí.
“Su desaparición fue denunciada oportunamente; sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México fue omisa en activar mecanismos de búsqueda inmediatos y eficaces. Mientras la autoridad retrasaba su actuación, la familia realizó la búsqueda por cuenta propia, recorriendo calles, revisando cámaras y ubicando el lugar donde Edith había ingresado. Incluso proporcionaron información clave, incluida su ubicación en tiempo real. A pesar de ello, las autoridades no intervinieron de manera inmediata.”
El OCNF lamentó que recién “hasta el 17 de abril la Fiscalía actuó. Dos días después de su desaparición, encontraron a Edith sin vida.” Para la agrupación es “grave que, en este proceso, las autoridades reprodujeran prácticas violatorias de derechos humanos, como exigir esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, minimizar la desaparición bajo prejuicios y obstaculizar la denuncia. En casos donde la vida o la integridad están en riesgo, la actuación inmediata no es opcional, es una obligación legal.”
Subrayó que existen protocolos claros, incluidos los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que permiten intervenciones urgentes sin dilaciones, incluso sin orden de cateo cuando hay riesgo inminente. “No aplicarlos constituye una omisión grave. En el caso de Edith, esa omisión fue determinante.”
María de la Luz Estrada, directora del OCNF indicó que ambos casos demuestran que nunca será suficiente crear protocolos y anunciar reformas, si las fiscalías territoriales siguen operando con “inercias, prejuicios y falta de debida diligencia. Así, la distancia entre el discurso institucional y la realidad seguirá costando vidas.”
La actuación del Ministerio Público en el caso de Edith fue “negligente y contraria a la legalidad. Este feminicidio pudo haberse evitado”. Ante ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe “redoblar esfuerzos para atender la violencia contra las mujeres. Lo que se requiere son resultados concretos.”
Llamó a retomar las observaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil a las 15 acciones para la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, particularmente en el “fortalecimiento del protocolo de investigación de feminicidios y transfeminicidios y la implementación efectiva de mecanismos de búsqueda especializada de mujeres y niñas desaparecidas.”
Para el OCNF “es inaceptable vivir en un México indolente, donde la negligencia institucional reduce a las víctimas a números de carpeta. Cada omisión, cada retraso y cada prejuicio tienen consecuencias irreparables.”
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Edición: Fernando Sierra
