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La Jornada
29/04/2026 | Ciudad de México
Enrique Méndez y Fernando Camacho
La acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa generó “inquietud” en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y, de inmediato, legisladores de ese partido comenzaron a preguntar si procedería un juicio de desafuero contra el Ejecutivo estatal.
“Desde luego, es una imputación grave. Y tampoco hay que ser un genio para saber de dónde vienen las imputaciones, pues están más o menos marcadas. Ya me estaban preguntando algunos compañeros si procedería un juicio para quitarle el fuero al gobernador”, reveló el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores.
No obstante, el legislador manifestó que no correspondería a la Cámara de Diputados iniciar el juicio de procedencia contra Rocha Moya, sino a la legislatura local.
Esto, aun cuando en el artículo 111 de la Constitución se prevé que, para proceder por delitos federales contra los gobernadores, primero la Cámara de Diputados debe realizar un juicio de procedencia para retirarles la inmunidad constitucional (fuero) “para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en el ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
En entrevista, tras conocerse las imputaciones contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza (Morena) y un grupo de funcionarios de Sinaloa, el diputado Hugo Eric Flores comentó:
“Se me acercaron ya varios compañeros a preguntarme. Y, pues, lo primero que yo les dije ‘algunos de ustedes ya estuvieron aquí cuando (el desafuero de Francisco García) Cabeza de Vaca. Los fueros constitucionales federales los quita el Congreso Federal".
“Los fueros constitucionales locales, que es el caso, los quitan los congresos de los estados. Se recordarán que acá, desde mi punto de vista también jurídico, no político, se le quitó el fuero al (ex) gobernador de Tamaulipas en ese entonces. ¿Pero por qué no procede? Porque el fuero se lo tenía que quitar el Congreso local, no el Congreso Federal”, añadió.
Para el caso del senador Inzunza, “desde luego” que sí procedería su desafuero por la Cámara de Diputados, en caso de que la Fiscalía General de la República o la fiscalía de Sinaloa inicien una investigación y presenten la solicitud, evaluó.
Hugo Eric Flores declinó opinar sobre el impacto que las acusaciones contra Rocha Moya tendrán en Morena, partido que lo postuló y que lo defendió, incluso en una reunión en la Cámara de Diputados, el 24 de octubre de 2024, cuando sus correligionarios le gritaron: “¡No estás solo, no estás solo!”.
Diputados del PRI y el PAN demandan investigar acusaciones contra Rocha
La oposición en la Cámara de Diputados consideró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum necesita investigar los señalamientos de la justicia estadunidense en contra de Rubén Rocha Moya, junto con el senador Enrique Inzunza, funcionarios y ex funcionarios de la entidad.
El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, subrayó que "lo primero que tiene que hacer el gobierno mexicano es resolver el tema de esas acusaciones. Tiene que pronunciarse el Estado mexicano, el gobierno de México, sobre estas graves acusaciones".
En entrevista colectiva, el legislador enfatizó que "se confirma lo que dijo hace tiempo el PRI sobre la situación que se vive en Sinaloa. Al crimen organizado se le tiene que combatir en todo momento, porque si no, las consecuencias son estas. El gobierno mexicano debe salir a aclarar lo que está pasando y el gobernador (Rocha) debería pedir licencia”.
El diputado priísta Mario Zamora, originario de Sinaloa, resaltó que "al final del día la justicia tiene que llegar para todos. Tampoco vamos a descalificar per se a nadie, pero sin duda el gobierno mexicano tiene una responsabilidad más allá de lo que hay en otros países de investigar y de sancionar si alguien es culpable".
Por su parte, el grupo parlamentario del PAN en San Lázaro manifestó: "Es evidente que en México (los narcotraficantes) tienen impunidad total, es evidente que a la presidenta le incomoda que se ejerza acción legal en contra de los ‘narcos del bienestar’ y es evidente que la única esperanza real de justicia para llevar a la cárcel a los que se meten a la cama con un narco para ganar elecciones, es la justicia estadounidense".
Para el blanquiazul, este caso es “una prueba de fuego” para el gobierno federal cuando decida si extraditará o no a Rocha Moya y “a todos los que soliciten las cortes de Estados Unidos o si se va a regatear la colaboración”.
La bancada panista coincidió con la del PRI, en el sentido de que el gobernador sinaloense tiene que separarse del cargo, al igual que sus funcionarios vinculados, para “ser extraditados inmediatamente y puestos a la consideración de la justicia estadunidense”.
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Edición: Estefanía Cardeña
