Nacional > Política
La Jornada
04/05/2026 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha al cargo, instruyó al Gabinete de Seguridad a acudir a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, y ratificar los términos de colaboración con el gobierno estatal para preservar la seguridad en la entidad.
Respecto al proceso de solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha y otros funcionarios, señaló que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar a la Fiscalía General de la República analizar si existen elementos de prueba suficientes para que la solicitud sea procedente.
La mandataria puntualizó que el caso se origina a partir de una denuncia presentada en una oficina del distrito sur de Nueva York. Por ello, explicó que la Cancillería cuestionó la urgencia de la solicitud de detención con fines de extradición: “¿Por qué es tan urgente?, ¿qué pruebas tienen?”. En este sentido, la FGR solicitó más elementos, al considerar que no se incluyeron pruebas que acrediten dicha urgencia.
Señaló que es tiempo de principios y que uno no negociable es la soberanía, independientemente de que se trate de cualquier gobernador, incluso de la oposición. “Nunca en la historia habían solicitado con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador. A mí me corresponde la defensa de la soberanía y, en segundo lugar, la justicia. Lo que debe prevalecer es la verdad, la justicia y la soberanía”, afirmó.
Sheinbaum también cuestionó la difusión mediática del caso: “¿Qué objetivo tenía sacarlo en ocho columnas si se sabe que debe haber confidencialidad?”.
Asimismo, rechazó las críticas por su visita a Palenque, la cual —dijo— ya estaba programada debido a la conexión entre el Tren Interoceánico y el Tren Maya. “Ya están diciendo que fui a pedir línea. No tendría nada de malo reunirme con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No me reuní, pero afirman que desde Palenque se orienta la política nacional; eso tiene mucho de misoginia, como si la Presidenta no pudiera tomar decisiones”, expresó.
Recordó que, en su momento, México envió a Estados Unidos a 94 jefes de organizaciones criminales que estaban detenidos. Además, destacó que la estrategia de seguridad ha permitido reducir en 44 por ciento los homicidios en el país. Mencionó también la detención de un alcalde de Tequila, emanado de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, así como de un alcalde de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, por hechos ocurridos en ese municipio. Añadió que uno de los hermanos de este último también fue detenido por presuntos vínculos con el huachicol.
La presidenta consideró que, a partir de la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve servidores públicos en una corte de Nueva York, se ha desatado una campaña de la derecha nacional e internacional que busca atribuir actos de corrupción a su movimiento.
“Nosotros no protegemos a nadie. Llegamos al poder para acabar con el régimen de corrupción. Si no se hubiera terminado con la corrupción del pasado, no habría recursos por un billón de pesos para los programas del Bienestar, ni mayor recaudación, ni habrían salido 13.5 millones de personas de la pobreza”, sostuvo.
De acuerdo con el gobierno federal, existe confusión sobre la naturaleza de la solicitud presentada por el Departamento de Justicia, ya que el Tratado de Extradición contempla dos procedimientos: la solicitud formal de extradición y la solicitud de detención con fines de extradición en casos de urgencia, cuando existe riesgo de sustracción u obstrucción de la justicia.
En la interpretación del gobierno mexicano, la petición formulada la semana pasada corresponde a una solicitud de detención por urgencia; sin embargo, esta no estaría debidamente acreditada. Por ello, se requerirá un mayor número de pruebas que sustenten dicha urgencia. Una vez que se aporten, comenzará a correr un plazo de 60 días para que la Fiscalía General de la República turne el expediente a un juez de control, quien determinará si procede la solicitud.
Edición: Emilio Gómez
