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La Jornada Maya
29/06/2026 | Ciudad de México
El caso de Brenda Quevedo Cruz entra en una nueva etapa; víctima del caso Wallace, tendrá una nueva representación jurídica y se crea una Red Internacional de Solidaridad y Acompañamiento. El objetivo es la justicia y liberación inmediata para Quevedo Cruz, detenida sin sentencia desde hace casi veinte años.
A más de 20 años de que estallara una de las historias judiciales más publicitadas y falseadas del crimen en México –el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Wallace Miranda (o Hugo León, como aparece su primer apellido en su acta de nacimiento original)–, el llamado caso Wallace se ha ido desmoronando y las evidencias sembradas sobre las cuales se montó esta fabricación están documentadas.
En este contexto, a partir de ahora, la representación jurídica de Brenda Quevedo Cruz será asumida por un equipo integrado por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, la Red de Abogadas Digna Ochoa, Perteneces, la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Al mismo tiempo, se constituye la Red de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo, integrada por organizaciones, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, académicas, estudiantes y ciudadanía para exigir a las autoridades cumplir con su obligación de impartir justicia.
La integración de este nuevo equipo de defensa y la creación de la Red responde al atoramiento judicial del caso y fue dado a conocer desde la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en conferencia de prensa, en la cual participaron los colectivos y personalidades que la integran, así como el periodista Ricardo Raphael, quien ha documentado exhaustivamente el caso Wallace, cuyo testimonio está comprendido en las páginas de su libro Fabricación.
Después de casi veinte años, Brenda Quevedo sigue sin sentencia en primera instancia. Está en detención preventiva, por un crimen fabricado. Y ha denunciado haber sido víctima de diferentes formas de tortura, incluyendo la sexual, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso. Distintas instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos -la CNDH y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, entre otras- han documentado esas violaciones y han emitido resoluciones y recomendaciones que obligan al Estado mexicano a actuar, pero cuyo cumplimiento sigue pendiente.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 26/2022 marcó un punto de inflexión al reconocer la ilicitud de pruebas obtenidas mediante actos de tortura. Lejos de cerrar la discusión, esa decisión confirmó la necesidad de revisar críticamente la actuación de las instituciones que han intervenido en el caso.
Después de dos décadas y frente a la evidencia acumulada, la pregunta ya no es si existen elementos para revisar lo ocurrido. La pregunta es qué harán las autoridades frente a las violaciones a derechos humanos que han sido documentadas por sus propias instituciones y por los organismos encargados de protegerlas.
La duración extraordinaria del proceso pone a prueba la capacidad del Estado para corregir las violaciones a derechos humanos cuando éstas han sido acreditadas. El Estado de Derecho no sólo exige investigar y sancionar delitos; también exige reconocer los errores institucionales y garantizar que sus consecuencias sean reparadas.
La nueva representación jurídica trabajará para que el caso sea resuelto conforme a los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, con perspectiva de género y pleno respeto al debido proceso.
La Red de Solidaridad y Acompañamiento exigirá justicia y libertad para Quevedo Cruz, expondrá las violaciones graves a sus derechos, tanto las ocurridas en el pasado como las que persisten actualmente. Dará seguimiento al desarrollo del proceso judicial, observará el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades y promoverá que la información sobre el caso permanezca en el espacio público; buscará que se adopten sin dilación decisiones que se desarrollen con transparencia, apego a derecho y bajo escrutinio ciudadano.
La Red convoca a organizaciones sociales, universidades, colectivos, personas defensoras, periodistas y a todas las personas interesadas en la defensa de los derechos humanos a sumarse a esta movilización.
Edición: Estefanía Cardeña
