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La Jornada
10/07/2026 | Ciudad de México
Gustavo Castillo
Dos apelaciones a sentencias judiciales, promovidas por la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, han impedido que se reactive el proceso penal en contra del ex funcionario y del empresario Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, por actos de corrupción relacionados con el Caso Agronitrogenados.
La Fiscalía General de la República (FGR) informa al Pueblo de México sobre el estado que el daño generado por la compra con sobreprecio por parte de Pemex de la planta de fertilizantes, denominada Agronitrogenados, fue de 216 millones 664 mil 40 dólares, monto que fue fijado como reparación del daño y que Alonso Ancira se comprometió a cubrir.
"Este acuerdo tuvo como objetivo reparar el daño económico ocasionado por la adquisición de dicha planta, la cual fue comprada por Pemex", debido a la intervención de Emilio Lozoya, atendiendo a acorado con Ancira mediante un soborno de 3.4 millones de dólares.
El dictamen de la FGR refiere que "Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta, mientras que una valuación realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) estableció que una planta nueva tiene un valor de 58 millones 335 mil 960 dólares. Como resultado, se determinó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, monto que fue fijado como reparación del daño".
Alonso Ancira fue sujeto a proceso penal y su solicitud "se propuso un acuerdo reparatorio por ese monto, ofreciéndose además como garantía el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, así como cuatro hornos y tres inmuebles más para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.
"El Consejo de Administración de Pemex autorizó la celebración de este acuerdo el 9 de febrero de 2021 y, posteriormente, el 19 de abril del mismo año, fue aprobado por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México", indicó la FGR.
El convenio estableció que el pago por reparación del daño se realizaría en tres parcialidades. La primera fue, por 50 millones con 40 dólares, cubierta el 30 de noviembre de 2021. La segunda, por 54 millones 166 mil 10 dólares y se pagó el 30 de noviembre de 2022.
Ancira cubrió un total de 104 millones 166 mil 50 dólares, sin embargo, el tercer y último pago, por 112 millones 497 mil 990 dólares, que debía realizarse el 30 de noviembre de 2023, no fue realizado.
Por ello, el 5 de diciembre de 2023 la solicitó al Poder Judicial la reanudación del proceso penal y Ancira Alonso "manifestó que no pudo realizar el pago debido a un proceso de capitalización y reestructura financiera de su empresa, por lo que solicitó una prórroga".
Ante ello, el Consejo de Administración de Pemex consideró viable otorgar una ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2024, "decisión que posteriormente fue autorizada por el Juez de Control el 10 de enero de 2024. En consecuencia, el 7 de marzo de 2024 se firmó un convenio modificatorio para reflejar esta nueva fecha de vencimiento.
"No obstante, el 12 de junio de 2024, el Juez de Control determinó reservar la aprobación definitiva de dicho convenio debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo" promovido por Emilio Lozoya.
La resolución judicial estableció que no podía emitirse una determinación que concluyera de manera definitiva el proceso mientras ese asunto permaneciera pendiente, y existen dos procedimientos de apelación que están pendientes de resolución en un tribunal colegiado, lo que impide la prosecución del procedimiento penal de Lozoya y Ancira.
Edición: Ana Ordaz
