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La Jornada
04/09/2026 | Ciudad de México
Jessica Xantomila
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado no ocurre de manera aislada ni responde únicamente a decisiones individuales, detrás existen “profundas condiciones estructurales de desigualdad y exclusión que facilitan la captación de este sector poblacional”, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención y a ampliar las oportunidades educativas, deportivas, culturales y laborales para quienes están en contextos de riesgo.
En un pronunciamiento, expresó su preocupación por el fallecimiento de un adolescente de 15 años de edad, presuntamente vinculado a una organización criminal en Michoacán. Esto, destacó, representa una dolorosa manifestación de una problemática extendida en diversas regiones del país: el reclutamiento forzoso, utilización y explotación de infancias por parte de grupos de delincuencia organizada.
El deceso, ahondó, no debe limitarse a una lectura centrada exclusivamente en la seguridad pública. “
"Se trata también de una tragedia que evidencia la vulneración sistemática de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes quienes, por diversos factores, son captados por organizaciones delictivas para desempeñar funciones que van desde la vigilancia y el transporte de mensajes o mercancías ilícitas, hasta la participación directa en actividades armadas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó, han advertido que la problemática de desaparición y reclutamiento de infantes en México reviste especial gravedad. En su informe más reciente señalan que, al 19 de agosto de 2025, se registraron 18 mil 192 desaparecidos en el país, y documentan que este sector de la población enfrenta un alto riesgo de ser reclutado mediante la fuerza, la coerción o el aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad.
Ante ello, la CNDH consideró necesario reforzar los mecanismos de protección y restitución de derechos para víctimas; mejorar la atención psicosocial de la niñez y adolescencia expuestos a la violencia, y consolidar estrategias de desarrollo comunitario que atiendan las causas estructurales que permiten la expansión de este fenómeno.
“No podemos normalizar que las infancias sean utilizadas como instrumentos de la violencia ni aceptar que menores de edad sean incorporados a dinámicas criminales”, subrayó.
Indicó que la pobreza, migración, falta de acceso a educación de calidad, deserción escolar, violencia intrafamiliar, precariedad económica, ausencia de espacios comunitarios seguros, desplazamiento forzado y la limitada presencia institucional generan escenarios en los que grupos criminales encuentran condiciones propicias para reclutar, cooptar o forzar la participación de niñas, niños y adolescentes en sus actividades.
Expuso que en numerosas comunidades afectadas por la violencia, así como en poblaciones migrantes, las organizaciones criminales aprovechan las carencias materiales y la falta de oportunidades para ofrecer ingresos económicos, reconocimiento social, sentido de pertenencia o falsas expectativas de movilidad social.
“Cuando una niña, niño o adolescente encuentra más oportunidades dentro de una estructura criminal que en las instituciones del Estado, estamos frente a una grave señal de alerta que obliga a revisar las políticas públicas dirigidas a la protección de las infancias”, enfatizó.
Edición: Ana Ordaz
