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La Jornada
21/09/2026 | Ciudad de México
Emir Olivares y Alonso Urrutia
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que deben cumplirse las regulaciones para cualquier actividad económica que se desarrolle en territorios destinados a la conservación o donde los propietarios de la tierra sean comunidades originarias; de lo contrario, “no está bien”.
Durante la mañanera de este lunes, se le interrogó sobre el conflicto por el desalojo de los garífunas, pobladores ancestrales de la costa atlántica de Honduras, para la filmación del reality show Survivor.
“Si es así (el desalojo), no está bien, pero hay que tener toda la información para poder decirlo”, señaló la mandataria federal al respecto.
Y agregó: “Cualquier actividad que se realice en un espacio protegido para conservación de la naturaleza o donde los pueblos originarios son dueños de la tierra, pues es indispensable que se cumplan todas las regulaciones para cualquier actividad económica. Vamos a estar pendientes de este tema; de ser así, no está bien”.
Entre viernes y sábado, este diario reportó que está por comenzar el rodaje de la nueva temporada del reality referido, producido por la empresa de espectáculos española Cuarzo Producciones, en playa Uva, en Cayos Cochinos, en la costa atlántica de Honduras.
El sitio es propiedad del consorcio Sociedad de Inversiones Ecológicas, cuyo accionista mayoritario es Fundación Azteca Honduras, del mexicano Ricardo Salinas Pliego.
Desde hace varias semanas, los pobladores instalaron el campamento Por la Vida para defender su territorio.
Acusaron que las autoridades de la nación centroamericana han favorecido a la casa productora e instalaron un cerco policial para contener el plantón de protesta, pues la gente no puede hacer vida normal: los pescadores no pueden salir a faenar, las mujeres no consiguen agua e, inclusive, las tortugas carey, en plena temporada de desove, no pueden cumplir esta fase de su ciclo vital.
El jueves de la semana pasada, el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula ordenó a la policía ejecutar el desalojo de “los ocupantes no autorizados”; esto es, los garífunas. Aunado a ello, se ordenó el arresto de nueve integrantes del comité de resistencia en caso de que permanecieran en el sitio.
Tras esa situación, Míriam Miranda, dirigente histórica de las comunidades garífunas y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), aseguró: “Se está fraguando una represión terrible. Una vez más nos violentan”.
Como documentó La Jornada, luego de una reunión de urgencia con varios de los líderes comunitarios presentes, la activista anunció: “Ante esta orden de desalojo, vamos a los Cayos a instalarnos en plantón por tiempo indefinido”.
Señaló además, de manera directa, a Salinas Pliego como responsable de esta escalada y de la potencial “terrible crisis” que pueda desencadenar el desalojo.
Según la información obtenida por la organización, Grupo Salinas y otros consorcios hondureños son los responsables.
Edición: Emilio Gómez
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