Triunfos sobre la muerte

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó ayer que entre septiembre de 2024 y octubre de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos en el país se redujo 50 por ciento, al pasar de 86.9 a 43.4 casos. De este modo, el mes pasado fue el octubre con menos asesinatos desde 2015. Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que siete entidades concentraron 52.5 por ciento de los homicidios perpetrados este año, mientras en otras ha habido disminuciones de hasta 77 por ciento (San Luis Potosí), 71.8 por ciento (Nayarit) o 57.7 por ciento (Quintana Roo). El resto de los delitos de alto impacto en todo el país bajó 36 por ciento, de 636.6 diarios en octubre de 2024 a 409.4 en octubre pasado. Los ciudadanos perciben el cambio, como refleja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): la percepción de inseguridad se ubicó en 58.1 por ciento en el tercer trimestre, su mínimo desde 2013.

Es pertinente recordar que el SESNSP toma su información de la que proporcionan las fiscalías de todos los estados, por lo que sería improcedente atribuirle un sesgo a favor del gobierno federal. Otro tanto puede decirse del Inegi, que es un organismo autónomo.

El lunes, investigadores del Colegio de México, algunos de los cuales también laboran en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), publicaron un documento que pretende ser un diagnóstico del sistema de salud en México, pero que es en realidad una pieza de propaganda política. En su informe, copatrocinado por una entidad extranjera, los académicos pintan un cuadro en el que la atención médica pública es prácticamente inexistente y repiten el bulo según el cual la desaparición del mercantilista Seguro Popular, creado en el periodo neoliberal, decuplicó la población sin acceso a servicios médicos en municipios pobres.

Los medios comprometidos con el golpeteo y no con el rigor tomaron las afirmaciones del estudio y las amplificaron de forma totalmente acrítica: un poderoso conglomerado de capital español, por ejemplo, contrastó el gasto en salud de México con el de Colombia, pues mientras aquí es de 2.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), en la nación sudamericana alcanza el seis por ciento del mismo indicador. De manera tramposa, omite que en Colombia la totalidad del sistema de salud está en manos de voraces aseguradoras privadas que fijan los precios al Estado y niegan la atención a los derechohabientes, por lo que más dinero no se traduce en mayor cobertura o mejores servicios, sino en una transferencia de recursos de todos los colombianos a un puñado de grandes empresas.

La caída en homicidios dolosos y en muertes por todas las causas desmiente no sólo al centro de enseñanza ubicado en el Ajusco, sino al conjunto de la oposición política y mediática que se empeña en instalar la percepción –diseñada en buena medida por políticos y medios estadunidenses– de que el país padece un deterioro acelerado en todos los rubros y, en particular, que la inseguridad se encuentra fuera de control, con el Estado sometido por grupos criminales omnipotentes e impunes. Tanto los datos duros como el sentir de los ciudadanos muestran que en la realidad persisten importantes desafíos y grandes pendientes, pero existen políticas de seguridad pública y de salud que dan resultados tangibles para la población en general.

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Edición: Estefanía Cardeña