Para las elecciones de diputados federales del próximo año, cada partido político o coalición deberá reservar 54 candidaturas para personas pertenecientes a grupos vulnerables, de las 500 que propondrán, ya sea por mayoría relativa (MR) o representación proporcional (RP), es decir, plurinominales.
Al aprobar ayer los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales, incluidos los lineamientos de las denominadas acciones afirmativas, el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció las mismas reglas y espacios que en los comicios de 2024. Se trata de candidaturas destinadas a cinco grupos: indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes.
Para las acciones afirmativas de personas indígenas se deberán destinar 34 fórmulas (25 por MR y nueve por RP); para candidaturas afromexicanas, cuatro fórmulas (tres por MR y una por RP); para personas con discapacidad, ocho fórmulas (seis por MR y dos por RP); para la diversidad sexual, tres fórmulas (dos por MR y una por RP), y para migrantes, cinco fórmulas, todas por RP.
Ante la advertencia de que en procesos anteriores se han presentado “fraudes y usurpaciones” en ese tipo de candidaturas, en el Consejo General se debatió la propuesta del consejero Arturo Castillo para ampliar los requisitos. En particular, planteó que, para garantizar la pertenencia a los grupos de la diversidad sexual y afromexicanos, se deberá comprobar una “trayectoria documentable de activismo” en favor de esos sectores.
Las modificaciones pretendían atender la instrucción del Tribunal Electoral, emitida desde la elección de 2024, de realizar consultas sobre este tema, las cuales no se concretaron durante la gestión de la entonces consejera presidenta Guadalupe Taddei.
El tema generó el rechazo unánime de las fuerzas políticas, que consideraron que con ello se agregaban nuevas cargas a los propios institutos políticos. Reprocharon que medidas como esas generan ambigüedad y que no queda clara la forma en que se comprobará el historial de activismo.
Se complica lo simple
Durante la discusión, los consejeros electorales también dividieron opiniones. Aunque el consejero Arturo Chávez avaló los nuevos requisitos en comisiones, ayer modificó su postura: “Estamos complicando lo simple”, explicó.
En tanto, el consejero Uuckib Espadas cuestionó los criterios en general y sostuvo que “la propuesta de modelo de cuotas que se nos presenta es inconstitucional, racista, aporofóbica y no está exenta de aristas homófobas”.
Al calificar como “una visión medieval” la asignación de una representación política inherente a las características personales, aseveró que, de la forma en que se plantea, “a mí me representan los gordos, independientemente de que yo pueda estar de acuerdo o no con lo que los diputados gordos dicen, porque soy hombre y soy gordo. Eso es falaz y vale para todo mundo”.
También señaló que este tipo de medidas limitan, por ejemplo, a la población indígena para votar por alguien que no sea indígena. “El subcomandante Marcos era, de acuerdo con estos criterios, un falso representante de la población indígena, a pesar de que el movimiento que él encabezó fue el que llevó a la palestra nacional hace 30 años los temas indígenas”. Aunque propuso modificar el modelo, no obtuvo respaldo.
Por mayoría de votos, los criterios para las acciones afirmativas fueron avalados de manera idéntica a los de la elección anterior. La consejera Carla Humphrey, aunque respaldó el proyecto, lamentó que no representa progresividad, ya que no se amplía ningún derecho.
Edición: Emilio Gómez
El órgano electoral mantuvo los mismos espacios y criterios de acciones afirmativas que en las elecciones de 2024
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