Eduardo Murillo y Gustavo Castillo
Desde el 11 de noviembre pasado, autoridades de Estados Unidos entregaron formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) más de 700 documentos en los que supuestamente se basaba la acusación penal por narcotráfico en contra del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue arrestado el 15 de octubre en Los Ángeles, California, por agentes de la estadunidense Administración para el Control de la Droga (DEA, por sus siglas en inglés), pero ayer las autoridades de ambas naciones acordaron retirar los cargos y que la justicia mexicana lo investigue, aunque días después de la aprehensión se informó que Cienfuegos no tenía ninguna indagatoria ni se había descubierto su participación en algún ilícito.
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Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad mencionaron a La Jornada que se investigaron las cuentas, propiedades y depósitos del militar sin encontrar ninguna irregularidad y señalaron la posibilidad de que hubiera sido suplantado, ya que uno de sus escoltas se hacía cargo de contestar su teléfono y siempre lo acompañaba a donde iba.
Luego de que se supo del arresto del militar, diversas instituciones federales, entre ellas la propia Sedena y la Unidad de Inteligencia Financiera, iniciaron sus investigaciones, pero no encontraron nada que involucrara al ex secretario con grupos delictivos.
Según las investigaciones aportadas por la DEA, el ex jefe del Ejército Mexicano habría recibidos sobornos de un narcotraficante menor, Juan Francisco Patrón, conocido como El H-2, que surgió del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y operó apenas tres años, de 2014 a 2017.
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Cienfuegos Zepeda será repatriado, toda vez que no existe una petición formal de extradición.
Una vez bajo la jurisdicción de la justicia mexicana, el ex titular de la Sedena deberá comparecer ante un juez de control para una audiencia inicial, en la que se le informe de los cargos que se le imputan.
Conforme a la Constitución, aunque se trata de un general de división, su proceso se efectuará en juzgados del fuero civil, pues se le acusa de delitos que van más allá del límite de sus responsabilidades militares.
Si sus abogados no solicitan la duplicidad del término constitucional, el juez de control podrá decidir de inmediato si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Aun en esta hipótesis, Cienfuegos, de 72 años de edad, puede todavía obtener el privilegio de la prisión preventiva domiciliaria, toda vez que ésta se permite a los mayores de 70 años, según el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Edición: Ana Ordaz
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