Fernando Camacho Servín
Un juzgado de distrito le concedió un amparo a un grupo de mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales durante un operativo policiaco en San Salvador Atenco en 2006, lo cual obliga a la Fiscalía General del Estado de México a entregarle a las autoridades federales los expedientes sobre todos los agentes involucrados en el caso.
En conferencia de prensa, dos de las sobrevivientes de los hechos y un grupo de abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) explicaron que, a dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera su sentencia a propósito de este tema, las autoridades mexiquenses siguen negándose a que la Fiscalía General de la República (FGR) se haga cargo del caso, lo cual ha “fragmentado” las indagatorias.
Ante la resistencia de la justicia del estado de México a que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la FGR atraiga el expediente por completo, las personas agredidas hace 14 años promovieron un amparo, el cual les fue concedido el 25 de noviembre por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Toluca.
Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, recalcó que en casos de operativos policiacos conjuntos, como los realizados en mayo de 2006 en Atenco, las investigaciones deben ser atraídas por el gobierno federal, pero por más de ocho meses las autoridades locales guardaron silencio al respecto y después se negaron a entregar los expedientes bajo su cargo, pertenecientes a unos mil 800 policías estatales.
Lo anterior, apuntaron las abogadas Ivette Galván y Melissa Zamora, ha evitado que la investigación se “consolide”, y por lo tanto ha obstaculizado el derecho de las víctimas a acceder a la justicia, además de garantizar la impunidad de los autores materiales e intelectuales de las agresiones sexuales y otros abusos graves.
La Fiscalía mexiquense, explicaron, argumentó que no se ha probado la llamada “conexidad” de los delitos cometidos tanto por policías federales, como estatales y municipales, por lo cual sería un error de la FGR atraer el caso por completo, cuando en realidad dicho factor sí se ha acreditado al tratarse de un operativo conjunto.
Italia Méndez, una de los sobrevivientes de los hechos, calificó como “vergonzoso e indignante” que las víctimas tengan que litigar contra las autoridades del estado de México para que cumplan con su obligación, al tiempo que llamó a estas últimas a dejar de ser omisas y no obstaculizar más la investigación a los policías agresores.
Edición: Ana Ordaz
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