César Arellano García
El Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal le negó un amparo Tomás 'N' de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), contra el citatorio a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la investigación que se tiene abierta por su presunta relación de espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos con el malware Pegasus.
Por unanimidad, el colegiado aprobó el proyecto de la magistrada Silvia Estrever Escamilla, quien ratificó la resolución de la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, quien no le concedió el amparo al ex servidor público.
Tomás ‘N’ fue citado a declarar ante la FGR para que se presentara en calidad de testigo el 20 de marzo de 2019 ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
En ese entonces su presencia fue solicitada por el agente del ministerio público de la Federación, como parte de la investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, “a fin de que declare la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; de igual manera, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante respecto a la información relacionada a la contratación y funcionamiento del sistema denominado Pegasus”.
Sin embargo el ex funcionario solicitó la protección de la justicia ante el juzgado octavo la Ciudad de México. Entre los actos que reclamaba estaba la abstención del ministerio público de la Feadle de contestar su solicitud enviada el 20 de marzo de 2019, en la que solicitaba que la autoridad reconociera que lo investigaba como parte de las indagatorias.
En su resolución de la juez Ortega Tlapa del pasado 25 de febrero de este año, argumentó que a partir de los informes rendidos por un juez de control y por la FGR, ni se busca detener a Tomás ‘N’, y mucho menos tiene la calidad de imputado.
El ex titular de la AIC, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, solicitó que se le absolverá de comparecer para rendir su entrevista como testigo, porque la información y documentos que le solicitan tienen carácter de información reservada de acuerdo con los artículos 53 y 54 de la Ley de Seguridad Nacional y hasta la fecha, no ha sido liberado de la obligación de guardar silencio.
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