Las personas privadas de su libertad y la población indígena son grupos de alta vulnerabilidad frente al COVID-19, por lo que se debe considerar la importancia de aplicarles la vacuna contra el nuevo coronavirus de manera prioritaria, advirtió la Secretaría de Salud (Ssa).
En un informe, la dependencia refiere estadísticas de Estados Unidos donde 20 por ciento de los presos han tenido la infección, con tasa de propagación cinco veces más alta y mortalidad tres veces superior a la media.
En tanto que en las comunidades indígenas hay más personas mayores de 60 años y la pobreza extrema y lejanía de los lugares donde viven dificultan o impiden el acceso a los servicios médicos. Además, la situación se agrava por la desnutrición crónica de los niños menores de cinco años en dichos asentamientos y la prevalencia es mayor comparada con las áreas urbanas.
La Ssa aludió que, por las causas señaladas, entre los indígenas la letalidad por COVID-19 (la cantidad de defunciones respecto del número de enfermos) es más elevada.
Hasta el 28 de diciembre, se tenía un registro de 13 mil indígenas contagiados. La mayoría de casos se han presentado en Yucatán, Ciudad de México y Oaxaca. El grupo de edad de entre 35 y 54 años ha sido el más afectado.
A tiempo de dar respuesta
El informe de la Ssa resalta que los contagios del nuevo coronavirus “se están desplazando de los centros urbanos a las ciudades medianas que son puertas de entrada a regiones de asentamientos indígenas”.
Se advierte también que las autoridades del país "están a tiempo de diseñar una respuesta conjunta basada en un enfoque diferencial y culturalmente pertinente, con la participación de las comunidades y de organizaciones de la sociedad civil" con el propósito de hacer frente a la emergencia sanitaria.
Respecto al riesgo de infección de COVID-19 en las cárceles, el reporte elaborado por la Dirección General de Epidemiología de Salud comenta que expertos de las universidades de Columbia, Yale y Carolina del Norte destacan la importancia de incluir a la población de las prisiones así como a los trabajadores de los sistemas penitenciarios en los planes de inmunización de forma prioritaria.
Edición: Ana Ordaz
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