Gustavo Castillo
El gobierno mexicano publicó los lineamientos que regulan, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, la actuación de los agentes extranjeros que actúen en territorio nacional y la interacción que tendrán con todo servidor público adscrito a cualquiera de los tres niveles de gobierno y a los organismos de inteligencia mexicana.
A través del Diario Oficial de la Federación, los organismos que integran el Consejo de Seguridad Nacional, entre ellas las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Defensa (Sedena), Marina (Semar), y Seguridad Ciudadana (SSPC), establece un apartado especial para los agentes estadunidenses, ya que señala que “se reconoce la vigencia del Memorándum de Entendimiento celebrado entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno Mexicano sobre procedimientos de cooperación en materia de actividades de procuración de justicia firmado en Mérida, Yucatán, el 15 de febrero de 1999, que tiene como objetivo la implementación de los pasos a seguir en la Carta firmada por el Procurador General de cada gobierno durante el encuentro que tuvo lugar el 2 de julio de 1998 en Brownsville, Texas, para implementar la coordinación y cooperación entre ambos países en actividades relativas a la cooperación de justicia que afectan a los dos países”.
Este Memorándum de Entendimiento de 1999 y la Carta de Brownsville de 1998 se refieren de manera conjunta como el "Acuerdo Brownsville-Mérida", y en él, “se reconoce en particular la vigencia del compromiso bilateral de comunicar previamente, realizar consultas e informar sobre actividades de los Agentes Extranjeros”.
De igual manera se ordena que “la Secretaría de Relaciones Exteriores suscribirá un acuerdo con la Fiscalía General de la República para establecer mecanismos de intercambio, así como de parámetros para mantener la confidencialidad y reserva de la información compartida por Agentes Extranjeros y por sus embajadas en el marco de acuerdos de cooperación en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional, conforme a lo dispuesto en la legislación mexicana y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano”.
Edición: Elsa Torres
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