Israel Dávila
Foto: Agencia MVT
La Jornada

Tenancingo, Méx.
5 de noviembre, 2015

Los restos de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, asesinado la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuyo cadáver fue localizado con el rostro desollado, fueron exhumados ayer del panteón de San Miguel Tecomatlán de este municipio mexiquense, para que se le practique nueva necropsia que permita determinar con claridad las causas de su muerte.

La diligencia –que se extendió por más de cuatro horas– estuvo encabezada por Verónica Contreras, juez penal del distrito de Tenancingo, y en ella estuvieron presentes integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes realizarán las nuevas pruebas periciales; la defensa de la familia del normalista, peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) y observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esta exhumación se realizó a petición de los familiares de Mondragón Flores, quienes no están conformes con el trabajo de investigación realizado por la PGR, que determinó que el rosto del normalista fue arrancado por la fauna del lugar.

Para los padres y la esposa de Julio César, las autoridades no han podido determinar con claridad cómo fue que perdió la vida y quién fue el responsable de su asesinato, por lo que han pugnado por que un grupo de expertos extranjeros pueda hacer pruebas al cadáver que permitan dilucidar las causas y modo de su muerte.

La diligencia causó revuelo en la comunidad, pues al panteón se acercaron curiosos a observar los trabajos. Casi todos conocieron a Julio César, a quien describían como un muchacho alegre, sano y estudioso. En el panteón de San Miguel Tecomatlán –comunidad de no más de 3 mil habitantes, ubicada a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Tenancingo–, más de 50 policías estatales ya habían montado un dispositivo de seguridad.

En cuanto llegó la juez y los peritos argentinos y de la PGR se acordonó toda la zona y se trazó un perímetro de seguridad con una veintena de agentes ministeriales federales.

Los únicos autorizados para permanecer en el panteón fueron los familiares de Julio César, entre ellos su madre y su viuda, además de la comitiva de peritos argentinos, los observadores de la CNDH y otro reducido grupo de la Cámara de Diputados.

La diligencia estaba programada para iniciar a las 9 horas, pero se retrasó hasta las 11 de la mañana por el papeleo.

La organización se extendió más de una hora, pues la juez Verónica Contreras y la perito argentina Mercedes Loretti no terminaban de acordar la logística para llevar a cabo la exhumación.

Los trabajos arrancaron pasado el mediodía y terminaron cerca de las 17 horas, cuando el féretro que guardaba los restos de Julio César fue sacado de la fosa e ingresado a una camioneta de Servicios Periciales de la PGR, que los trasladaría al Distrito Federal para la nueva necropsia.

En el lugar trascendió que las nuevas pruebas periciales se desarrollarán a partir de este jueves y terminarán el sábado o domingo, para que el lunes los restos sean devueltos al panteón de Tecomatlán.

A petición de la defensa de los familiares de Julio César, ningún perito, ni extranjero ni de la PGR, dio declaraciones a los medios.

Los familiares insistieron en que la exhumación no se trató de una concesión otorgada por las autoridades federales o de Guerrero, sino de la lucha que han emprendido desde hace un año para conocer las causas y el modo en que este normalista perdió la vida.


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