Josefina Quintero M.
Foto: Cuartoscuro.com
La Jornada
7 de agosto, 2015
Ante las diferentes versiones que se han filtrado por el feminicidio de cuatro mujeres y el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a la Procurduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ajustar la investigación a los estándares mínimos para la protección de las víctimas y afirmaron que filtrar información incumple con las obligaciones estatales de garantizar el acceso a la justicia.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició una queja de oficio y expresó su preocupación por la revelación de la vida privada de las víctimas, las declaraciones de los sobrevivientes y los avances de la investigación, porque se violan garantías fundamentales.
El organismo instó a la PGJDF a adoptar medidas para salvaguardar en todo momento los derechos de las víctimas del multihomicidio y que investigue las filtraciones para deslindar responsabilidades y evitar que se sigan cometiendo.
[b]Exigen cumplir protocolos[/b]
En un pronunciamiento, las organizaciones civiles señalaron que la investigación está propiciando un inadecuado manejo de la información, desacreditando, discriminando y estigmatizando a las víctimas por su nacionalidad, sexo, ocupación o hábitos.
Advirtieron que en caso de no corregir esa situación se profundizará la desconfianza en la PGJDF y la incredulidad respecto de lo que pueda resultar de la investigación.
Firman el documento el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, IDHEAS Litigio Estratégico, Comunicación Comunitaria y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
Expusieron que desde que se dio a conocer el multihomicidio la información difundida ha afectado las garantías de las víctimas directas e indirectas e impide un manejo certero del avance de la investigación ante la opinión pública.
Agregaron que las filtraciones de información contradictoria de cómo sucedieron los hechos, así como de la obtención de pruebas de los probables responsables, es sumamente relevante para el caso, sobre todo cuando los perpetradores están prófugos.
En el documento expresaron que la PGJDF debe ajustar la investigación al estricto cumplimiento de los protocolos para garantizar la credibilidad en los resultados y con ello se evite poner en riesgo o vulnerar la seguridad de las víctimas indirectas, así como de los testigos.
En cinco puntos, señalaron que las autoridades deben realizar las diligencias con estricto cumplimiento de los protocolos, que el avance de la investigación se informe primero a las víctimas y después a la sociedad para que tenga datos certeros. Además, exigieron realizar una indagatoria seria e imparcial que agote todas las lineas de investigación y transparentar el avance.
También exigieron la aplicación de los protocolos para la investigación de feminicidio, la incorporación de la perspectiva de género por las características de la violencia perpetrada contra las víctimas y agotar todas las líneas de investigación en el caso del homicidio del periodista.
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