José Antonio Román
Foto: Notimex
La Jornada

2 de julio, 2015

Las posibles reformas legales tendientes a regular la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales y de investigación deberán estar marcadas por el respeto a los derechos humanos, a una temporalidad y siempre a la coadyuvancia con las autoridades civiles, aseguró Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Además dijo que una decisión de esta naturaleza requiere un debate desde varios ángulos; uno de ellos sería determinar con precisión las posibles responsabilidades materiales de las fuerzas armadas en la comisión de eventuales faltas, donde se incluyera a la cadena de mandos, y no que la institución prácticamente se lava las manos y la responsabilidad es sólo del individuo que las comete.

Otro punto que tendría que incorporarse el criterio que puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1996, respecto a la coadyuvancia con los titulares de los Ejecutivos en los tres niveles de gobierno, y un mecanismo de responsabilidad que tengan tanto el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales. Aclaró que de no hacerse así, ocurrirá lo que hasta ahora, donde ninguno de ellos tampoco se hace responsables, cuando se trata de una coadyuvancia, que supone tareas y deberes compartidos.

Dijo que si bien no es nuevo el planteamiento del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de que los militares precisan un marco regulatorio para que realicen labores policiacas, Édgar Cortez dijo que los foros que ha realizado el Congreso en este tema demuestran que todavía hay muchos puntos debatibles, por lo que debe actuarse con cuidado.

En tanto, el Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos destacó que esta participación del Ejército en actividades policiacas y de investigación debe estar limitada al máximo, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles.

Incluso citó criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los que su uso debe ser "absolutamente necesario", como pudiera ser el caso que vive México en materia de crimen organizado. En todo caso, la actuación de los militares debe estar basada en el respeto a los derechos humanos.

De manera más radical, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), dijo que el ejército debe regresar inmediatamente a sus cuarteles, pues en los más de 20 años de estar oficialmente en actividades policíacas ha demostrado que no es la solución, y sí en cambio ha sido un factor esencial en la violaciones de los derechos humanos en el país


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