Fabiola Martínez
Foto: Víctor Camacho
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 15 de diciembre, 2016
La violencia que afecta a la niñez y a la adolescencia en México es “visible y normalizada”, advirtió la Secretaría de Gobernación (SG).
Esta dependencia instaló este jueves una nueva comisión; se reiteró el discurso y los objetivos “para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes”, como parte de los compromisos internos y externos del país en la materia, como la alianza global para poner fin a la violencia contra la niñez, impulsada por agencias de las Naciones Unidas y el gobierno mexicano.
La encuesta nacional sobre discriminación dice que 96.5 por ciento de la población cree que aquí se golpea a los niños; 27.8 por ciento lo considera como un acto justificable dentro del proceso de educación.
Esta situación se manifiesta en diversos ámbitos y formas como el hecho de que 297 de cada 100 mil niños y adolescentes, en el 2014, fueron víctimas de algún delito; 36 de cada mil reportaron haber sufrido en su salud debido a algún tipo de agresión, ello implica ingresos hospitalarios, por ejemplo, y 63 por ciento de menores de 1 a 14 años señalaron haber experimentado algún método violento de disciplina.
Casi la mitad de las agresiones hacia este sector de la población son cometidos en el contexto comunitario, mientras que 40 por ciento ocurre en la escuela y 10 por ciento en el hogar, citó Ricardo Bucio, secretario técnico de esta nueva comisión, presidida por el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.
El comisionado dijo que durante el año reciente las instituciones que integran el sistema nacional de protección integral para niñas, niños y adolescentes han trabajado en aras de consolidar una política de Estado en la materia.
El grupo de trabajo de la nueva instancia tiene como objetivo evitar “en la medida de nuestras posibilidades, que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de la violencia… es un trabajo de todos; esta comisión ha de ser el espacio para articular trabajos en temas diversos”. Junto con grupos civiles se deberá crear un programa de trabajo, con líneas de acción e indicadores marcados por ley.
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