Negligencia en medidas de seguridad

Alma E. Muñoz
Foto: María Luisa Severiano
La Jornada Maya

Ciudad de México
Sábado 29 de octubre, 2016

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, resaltó que a cuatro años de operación del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas sobresalen la lentitud de los procedimientos, falta de interlocutores gubernamentales con conocimiento sobre protección y prevención de agresiones, así como insuficiencia de fondos.

También señaló el desconocimiento de ese instrumento por un alto porcentaje de la población beneficiada y capacidad de influencia; operatividad limitada en estados y municipios; falta de estabilidad de su personal y que los convenios de colaboración no vinculantes “disminuyen las responsabilidades de los gobiernos locales; además de que sea más oportuno en su atención y respuestas.

A su vez, durante la presentación del libro [i]En defensa de periodistas y defensores de los derechos humanos[/i] en riesgo, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que faltan cosas por hacer, “aunque deben admitirse los avances que ha tenido (el mecanismo) para mejorar los procesos y procedimientos de atención, a fin de fortalecer y continuar con la capacitación y sensibilización de los actores, y con objeto de crear políticas públicas de prevención”.

Destacó que en ese instrumento de protección hay aproximadamente 501 personas, entre defensores de derechos humanos y periodistas, y que “en los últimos dos años no ha habido un incidente grave contra las personas protegidas, aunque ha habido incidentes muy graves en algunos casos que han afectado a mujeres y hombres, lo que obliga a redoblar los esfuerzos”.

En un comunicado, la CNDH informó que durante la presentación del texto, en instalaciones de la comisión en el Centro Histórico de la Ciudad de México, su titular aseguró que el contexto actual en que esos defensores y periodistas e desenvuelven “los hace especialmente vulnerables en el desempeño de sus labores”.

Al día de hoy, la Comisión tiene el registro de 119 periodistas asesinados desde el año 2000; 20 desaparecidos desde 2005 y 50 atentados a medios de comunicación desde 2006, “lo que da cuenta de la gravedad de la situación y de la necesidad de establecer políticas públicas adecuadas para prevenir estas agresiones y proteger a los comunicadores y medios, así como para mejorar los resultados en la procuración de justicia”, explicó el organismo.

Respecto a defensores de derechos humanos, se han registrado 29 muertes en los últimos diez años y cuatro desapariciones desde 2009.

González Pérez indicó que en el proceso de construcción de una sociedad democrática, el periodismo ejerce un papel de contrapeso y abundó que quienes son objeto de amplio escrutinio mediático, “no siempre han dado muestra de tolerancia y respeto en cuanto al uso de las libertades de pensamiento, ideología y expresión ejercidas por los comunicadores, sometiéndolos a intimidaciones, amenazas y agresiones”.

Por otra parte, resaltó que los defensores civiles desarrollan un intenso trabajo de promoción y defensa, de ahí que cuando se pretende silenciar e inhibir su tarea se niega a su vez a muchísimas personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a derechos humanos.

Édgar Cortez, activista y consejero del mecanismo, afirmó por su parte que se deben adecuar las normas administrativas de la Secretaría de Gobernación para adaptarlas a un mecanismo que responda de inmediato a situaciones de riesgo; crear nuevas medidas de protección, y que el Estado redoble esfuerzos para combatir la impunidad.

Finalmente, Michael Chamberlin, también consejo del mecanismo, apuntó que no hay mejor protección a defensores y periodistas que atender las causas que generan amenazas y abatir la impunidad.

Consideró que detrás de las agresiones a esos grupos “se observa una política pública fallida a nivel federal o estatal que genera un caldo de cultivo para que ello sea posible. Tal es el caso, dijo, de los defensores comunitarios de derechos humanos en regiones rurales, que defienden su tierra ante empresas eólicas, mineras, presas, entre otras”.