Gustavo Castillo
Foto: Agencia MVT
La Jornada Maya
Viernes 21 de octubre, 2016
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la contraloría interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) denuncias de hechos ante probables conductas ilícitas cometidas por servidores públicos, relacionadas con la filtración del video del ataque contra el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado el lunes en Metepec.
El órgano del Poder Judicial de la Federación señaló que en las denuncias se incluyó la filtración de información generada en el curso de la investigación de estos lamentables hechos.
“La divulgación de esos elementos probatorios infringe la reserva de las investigaciones iniciadas por la privación de la vida del juez Bermúdez Zacarías y, en consecuencia, dan lugar a la comisión de conductas ilícitas de servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la custodia de las carpetas de investigación, que por ley deben ser reservadas.
Por ello, este cuerpo colegiado solicitó que se inicien las investigaciones para esclarecer tanto el origen de las filtraciones como la identidad de los probables responsables”, explicó el CJF.
Señaló que los integrantes del CJF “reiteran su condena por estas reiteradas filtraciones, porque no sólo infringen la reserva de las indagatorias, sino que pudieran comprometer la eficacia de las mismas, además de que se afectan los derechos humanos de intimidad de la viuda y sus menores hijos”.
El asesinato del juez Bermúdez Zacarías ocurrió alrededor de las 8:30 horas del lunes pasado en la calle Árbol de la Vida del municipio de Metepec. Cuando hacía ejecicio un hombre le disparó a la cabeza por la espalda.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, exigió el esclarecimiento del caso y que las autoridades garanticen “condiciones de seguridad necesarias para que los impartidores de justicia puedan desempeñar su labor”.
“Los jueces dedican su vida, su integridad personal, moral y física al servicio de la impartición de justicia y se requiere que tengan seguridad y tranquilidad que garanticen su independencia”, señaló.
El decreto regirá, en principio, por 30 días
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