César Arellano
Foto: Cristina Rodríguez
La Jornada Maya

Ciudad de México
Lunes 17 de octubre, 2016

Ante las proyecciones demográficas del envejecimiento en el país, se debe modificar el marco legislativo y promulgar leyes a favor de la eutanasia que respondan a los dilemas éticos y situaciones de salud que los mexicanos enfrentarán en el siglo 21. Y es que de acuerdo con cifras oficiales para el 2050, 21.5 por ciento de la población en el país, 32 millones serán de 60 años o más.

Durante la mesa de diálogo [i]La Eutanasia en el mundo, derecho a muerte digna[/i], que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM, especialistas en la materia coincidieron que el tema tiene que plantearse de una manera más enfática en la agenda pública.

“La medicina y la biomedicina han tenido avances extraordinarios, sin embargo, cuando se trata del proceso final de la vida de las personas, o sea, de la muerte, estos avances no siempre funcionan a favor del bienestar y calidad de las personas, sino más bien, con frecuencia funcionan en su contra”, aseguró, Amparo Espinosa Rugarcía, presidente de la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad.

Indicó que de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional Sobre Muerte, que en los próximos días darán a conocer, el 68.3 por ciento de los mexicanos considera que un paciente que se encuentra en fase terminal y dolorosa de su enfermedad debería tener la opción de adelantar su muerte si así lo desea. Y que un 58.3 está de acuerdo en que el médico aplique directamente sustancias letales al paciente terminal que lo solicite para acelerar su muerte (eutanasia).

Asimismo el 56.4 por ciento estimó que el médico le proporcione al enfermo terminal sustancias letales que él tome por sí mismo (muerte o suicidio médicamente asistido). Agregó que un 19 por ciento conoce la posibilidad legal de una declaración anticipación de voluntad y sólo un tres por ciento de los encuestados manifestaron ya haber hecho dicho declaración

“En México estas prácticas son ilegales. La penalización de la eutanasia es de 12 a 24 años de prisión y de la muerte médicamente asistida de 2 a 5 años dependiendo de la razón de compasión, según lo valores el juez. Los intentos recientes en la Ciudad de México para regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida no han prosperado”, dijo Espinoza Rugarcía.

Por su parte, Roberto Blancarte, investigador de El Colegio de México, lamentó que no haya una legislación adecuada en la materia, entre otras cosas, a la oposición de la jerarquía católica y otras religiones, asumen que le único que da o quita la vida es Dios y que por lo tanto la persona no tendría por qué intervenir de alguna manera.

“La Constitución mexicana ya garantiza dos cosas que el Estado laico quiere garantizar y que son centrales de la vida de la laicidad y son la libertad de conciencia y la de convicciones éticas, que no necesariamente son religiosas y la libertad de religión. Hay un elemento en el Estado laico que hay que reforzar, la autonomía de lo político frente al o religioso. Esta muy bien que las iglesias digan y piensen lo que quieran, lo que no pueden hacer es imponerle al resto de la sociedad su doctrina o su manera de concebir el mundo. Tienen su propio espacio y ahí deberían de poderlo desarrollar.

Al respecto, el jurista e investigador de la UNAM, Diego Valadez, agregó resulta comprensible que se tengan que prever nuevas experiencias de patológicas y también nuevas soluciones para los problemas de una sociedad que tenga otras características diferentes de las que tuvo en el siglo 19 o en los previos.

La población global de personas mayores se va a disparar, de ahí la preocupación sobre un aumento de enfermedades de la tercera edad como casos de demencia y cáncer.


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