Precarias condiciones de trabajo

Patricia Muñoz Ríos
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Ciudad de México
Lunes 17 de octubre, 2016

Un sinnúmero de migrantes mexicanos han sido defraudados por ‘‘gestores’’ del Programa Temporal de Trabajo en Estados Unidos, quienes los estafan pidiéndoles de 6 mil a 8 mil pesos por las visas de trabajo H-2A y H-2B; los connacionales incluso se endeudan o venden sus pertenencias para pagarles, sufren abusos en el reclutamiento, son víctimas de múltiples violaciones, no reciben el sueldo que les ofrecen y a veces tienen que vivir en remolques o galerones.

Integrantes de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales de Sinaloa denunciaron que sus patrones estadounidenses les pagan por debajo del salario mínimo de ese país, a las mujeres las castigan aún más en su paga, viven en condiciones insalubres en un galerón donde ubican a decenas de trabajadores sin aire acondicionado y con un solo baño.

Olivia Fernanda Guzmán Garfias, quien desde hace 18 años es trabajadora temporal en Luisiana, vive en Topolobampo, Sinaloa, y es integrante de dicha coalición. Relató que reclutadores o gestores de las visas H-2A y H-2B, se dedican a estafar a los migrantes: ‘‘El que menos pide te dice que le deposites de 250 a 300 dólares para hacerte el trámite, pero llegan a pedir hasta 8 mil pesos; han fregado a mucha gente’’.

Existen múltiples demandas contra estas personas, porque a grupos de hasta 50 trabajadores les han pedido dinero y no les entregan ninguna visa. Se van con el dinero y por ello se conformó desde hace tres años esta coalición, que es acompañada por la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), indicó.

Hizo ver que estos supuestos agentes gestores operan también en localidades como El Colorado, municipio de Ahome, o Leyva, Solano y muchos otros; se dedican a extorsionar a los trabajadores para que cada año puedan ir a trabajar a Estados Unidos por temporadas de seis a ocho meses. Para ello tienen que pagarles a estas personas por los permisos.

Según relató a este medio, son contratados por procesadoras de mariscos –sobre todo jaiba y camarón–, y pescado; les pagan muy por debajo del mínimo en ese país; a las mujeres les pagan a destajo y les exigen ciertas cantidades diarias de producción; viven a veces en remolques, almacenes o cuartos donde meten hasta 16 mujeres. No pueden protestar por las condiciones, porque si lo hacen no las vuelven a contratar, como es su caso. En los pasados dos años no le han dado trabajo porque ingresó a la coalición.

Al respecto, Norma Cacho, coordinadora de Procesos Organizativos de ProDesc, indicó que la coalición formada por estos trabajadores tiene como finalidad que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en los procesos de reclutamiento, según lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 8, ya que estos connacionales sufren de fraude, hostigamiento, amenazas, cobros indebidos o el ser incluidos en una ‘‘lista negra’’.

También explicó que la figura de la coalición representa una alternativa de organización que tiene como sustento jurídico el artículo 355 de la LFT, e implica que los mexicanos, aun cuando laboren fuera del país, tienen derechos laborales que deben ser protegidos por el Estado.

Informó que la estrategia de la defensa integral que impulsa ProDesc para acompañar a las y los trabajadores, comprende el litigio de casos ejemplares y el impulso de procesos organizativos para reconocer que es necesaria la puesta en marcha de un mecanismo de regulación de carácter binacional, que los trabajadores tengan una identidad laboral y se generen estrategias para acceder a la justicia.

Olivia Fernanda detalla que ella, como cientos de trabajadoras y trabajadores, ha tenido que dejar por años a sus familias para ir a laborar a Estados Unidos. ‘‘Dejamos a los hijos con familiares, con los hijos mayores o hasta solos, en busca de un trabajo en el que violan constantemente todos nuestros derechos’’.