Los abusos, impulsados por megaproyectos

José Antonio Román
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La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 25 de agosto, 2016

En el incremento paulatino de las violaciones a los derechos humanos de activistas y defensores de garantías, por primera vez el número de agresiones físicas superó al de las amenazas y hostigamiento, además de que Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán concentran casi la mitad de estos abusos.

De acuerdo con el informe [i]Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política[/i], presentado por diversas organizaciones, se confirmó la tendencia de que estas violaciones están relacionadas con el impulso de diversos megaproyectos, donde los activistas y defensores acompañan a movimientos sociales que luchan por sus territorios, agua, bosques y recursos naturales.

El informe, presentado en el Centro Universitario Cultural, reporta que de 87 actos de violaciones a los derechos humanos de defensores ocurridos en 2011, se pasó a 118 en 2012, 160 en 2013, 225 en 2014 y 302 en 2015. Otros 35 se documentaron en lo que va del año.

"La preocupación que hemos externado por el aumento de incursiones militares, policiacas o mixtas se debe a que la misma documentación nos indica que cuando se recurre a estas acciones, la posibilidad de que sucedan graves violaciones de derechos humanos, como tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, es más alta", resalta el informe elaborado por las organizaciones Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

Al comentar el informe, el sacerdote Miguel Concha, del Centro Fray Francisco de Vitoria, destacó el análisis del contexto en que ocurrieron estos hechos, pues "siempre hay una intencionalidad política para cometer estas violaciones", y éstas están regularmente vinculadas con un modelo de desarrollo.

Denunció que en la realidad que vive el país, los defensores de derechos humanos "se han convertido en el blanco de los perpetradores", ya que su valiente labor no puede realizarse ni entenderse al margen de los movimientos sociales y populares.

Jesús Peña Palacios, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, destacó la obligación que tienen el gobierno y sus autoridades para garantizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, además de que debe entender que ellos no están en contra del Estado, sino de su fortalecimiento democrático.

Por su parte, Fernando Ríos Martínez, de la Red TDT, señaló que este informe documentado ayuda a desenmascarar una política del Estado que se significa por descalificaciones, acoso y agresiones contra los defensores nacionales y extranjeros, y citó los casos del relator especial de Naciones Unidas para la tortura y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre Iguala.