Disidencia magisterial

José Antonio Román
Foto: Tomada de v
La Jornada Maya

Ciudad de México
Lunes 22 de agosto, 2016

Ante el anuncio de la disidencia magisterial de que este lunes no iniciará el ciclo escolar 2016-2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a los gobiernos de varias entidades la aplicación de medidas cautelares a fin de impedir que los niños y adolescentes se vean afectados en su derecho a la educación.

En un escrito dirigido al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Ciudad de México, la CNDH señala que el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas a su alcance para brindar la debida prioridad al interés superior de la niñez en su derecho a la educación.

‘‘La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confía en el entendimiento y reconoce al diálogo como el mejor instrumento para alcanzar los acuerdos que favorezcan la satisfacción y respeto del derecho humano a la educación de la niñez, y se mantendrá pendiente de los acuerdos que se alcancen en beneficio de las niñas, niños, adolescentes, sus familias y la sociedad en su conjunto’’, señaló el organismo.

En un comunicado, la CNDH señala que la solicitud de estas medidas se emite con el fin de ‘‘prevenir posibles afectaciones de difícil reparación al derecho humano a la educación de la niñez’’ en varias entidades, donde la disidencia magisterial ha señalado su intención de no iniciar este lunes 22 de agosto el ciclo escolar 2016-2017.

Asimismo, precisa que las características de estos derechos humanos, como el de la educación, son recogidas en diversos instrumentos de carácter internacional, así como en la Constitución del país.

Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisa que no es la primera vez que se pronuncia sobre el tema del derecho humano a la educación, el cual constituye un medio indispensable para disfrutar de otros derechos humanos que se refieren al ámbito de la autonomía de la persona y representa el principal vehículo por el que adultos y niños marginados, económica y socialmente, puedan salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades.