La Redacción
Foto: Carlos Ramos Mamahua
La Jornada Maya
Ciudad de México
Viernes 12 de agosto, 2016
En el Día Internacional de la Juventud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció por una Ley General de los Derechos de las Personas Jóvenes en la cual, además de reconocerlos como sujetos plenos de derechos, prevea su participación activa en la toma de decisiones sobre las situaciones que les afecten.
También, llamó a construir una política nacional que les proporcione mejores condiciones de vida. Es urgente, sostuvo, diseñar e implementar estrategias para la prevención de embarazos juveniles, uniones forzadas, adicciones, obesidad, trastornos alimenticios y suicidios.
Asimismo, pidió que “se diseñe el andamiaje institucional y la delimitación de las atribuciones de las autoridades federales y locales que favorezcan la estandarización de sistemas de promoción, desarrollo, participación y protección integral a nivel nacional” en su favor.
La CNDH consideró que “la falta de información adecuada, la incertidumbre sobre su futuro, así como los estereotipos sociales, son algunos de los factores que colocan a los jóvenes en un estado de vulnerabilidad y dependencia de los adultos, lo cual limita su desarrollo”.
Indicó que los jóvenes son sujetos plenos de derechos que ameritan y exigen su reconocimiento, protección, respeto y defensa a través de la generación de políticas con perspectiva de juventud.
Afirmó que la violación a sus derechos se evidencia, por ejemplo, en la discriminación que sufren en mayor medida por su apariencia física, por la falta de oportunidades de desarrollo, de educación, empleo y la transgresión a sus derechos de libertad e integridad.
El Estado mexicano tiene la obligación de reconocer a los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo de nuestro país; brindarles oportunidades incluyentes que les permitan obtener su primera experiencia laboral; crear acciones que contribuyan a mejorar el desarrollo de sus potencialidades.
Mencionó que se requiere la suma de esfuerzos de autoridades, familias, sociedad civil y universidades para combatir las causas que general las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentra, y que son aprovechadas por la delincuencia organizada para “captarlos y obligarlos a que participen en actividades ilícitas”.
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