Acusado de incurrir en diversas anomalías financieras

Erick Muñiz
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Monterrey, Nuevo Léon
Martes 2 de agosto, 2016

El Juzgado Segundo de Distrito negó la suspensión definitiva de amparo al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, por lo cual deberá acudir a la próxima cita ante un juez para escuchar la imputación de los delitos por daños al erario estatal, estimados en tres mil 600 millones de pesos.

Medina de la Cruz, ex gobernador del PRI, es uno de los acusados por el gobierno actual del independiente Jaime Rodríguez, en las indagatorias de la llamada Operación Tornado, la cual involucra a ex funcionarios estatales y municipales por incurrir en diversas anomalías financieras por la venta de terrenos y apoyos financieros a la empresa coreana automotriz KIA.

El pasado jueves, el ex gobernador debió presentarse ante un juez de control para escuchar los delitos que se le imputan, pero su abogado, Javier Flores Saldívar, ex procurador de Justicia, presentó una petición de suspensión provisional en vías de amparo, que le permitió a Medina de la Cruz evadir la cita.

La mañana de este martes, Flores Saldívar acudió al juzgado segundo de distrito para ratificar el amparo, pero el juez lo negó bajo el argumento de que el recurso legal buscaba evitar la comparecencia de la semana pasada y ya se logró el cometido.

De acuerdo con el abogado del ex mandatario estatal, ahora será la fiscalía quien determine la próxima cita para su cliente. Destacó que la tramitación de un nuevo amparo dependerá de las condiciones que establezca el citatorio que emita la Procuraduría de Justicia, pues lo que buscan evitar es que a Medina de la Cruz se le restrinjan libertades, como sucedió con su ex tesorero, Rodolfo Gómez, a quien le retiraron por seis meses el pasaporte para evitar que saliera del país.

Sobre la situación de Medina de la Cruz, su abogado señaló que “lo que procedería en todo caso es que sea citado nuevamente. Yo creo que sería a solicitud del Ministerio Público; no sé, es una situación que depende de la agenda del Poder Judicial”, indicó.