Gustavo Castillo
Foto: Notimex

Ciudad de México
Miércoles 27 de julio, 2016

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la dependencia a su cargo no está negociando la liberación del secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y uno de los líderes del magisterio disidente, Rubén Nuñez, ya que su caso está en el ámbito del poder Judicial.

Entrevistado al término de la ceremonia de entrega del Premio de Periodismo Policial, el funcionario señaló que la Segob sí puede contribuir en cuanto al cambio de prisión porque está dentro de sus atribuciones.

Osorio Chong señaló que las negociaciones con el magisterio disidente han avanzado de tal manera que ya se retiraron los bloqueos que los profesores habían colocado desde hace días en vías de trenes que recorren el estado de Michoacán y que han afectado el traslado de mercancías; “ya los trenes están transitando a sus destinos y eran un asunto muy importante”, y también dijo, la Guelaguetza es un asunto muy importante que debía continuar, ya que también se está recuperando el turismo.

“Los otros asuntos que tenemos que ir resolviendo para ya darle salida a este problema (el magisterio) es lo de mediano y largo plazo, estamos construyendo al llamado del secretario de Educación Pública este nuevo modelo educativo que incluye todas las voces y que incluye la posibilidad de adecuarse a las diferentes regiones de nuestro país”.

Miguel Ángel Osorio Chong también habló del caso de Ernesto Fonseca Carillo, Don Neto, del cual reconoció que es inminente su traslado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) a un inmueble en Metepec, estado de México y al respecto señaló: “la Comisión Nacional de Seguridad ha agotado todas las posibilidades legales para que este delincuente pueda seguir en prisión. Sin embargo por mandato de juez se nos ordena, instruye que pueda dárseles la libertad para seguir su proceso en domicilio, no es un decisión, como se ha querido manejar por ahí que la Secretaría de Gobernación dio una indicación a la Comisión Nacional de Seguridad, es un mandato de ley, es una obligación que nos impone un juez”, señaló.


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