Procesos electorales

Claudia Herrera
Foto: Jesús Villaseca
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 14 de Julio, 2016

Los partidos políticos y candidatos independientes deberán pagar multas por 424 millones de pesos por irregularidades detectadas en sus informes de fiscalización y de todos ellos el más sancionado es el PRI, con 79.6 millones de pesos.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó dichas cifras aunque pueden variar, porque se hicieron correcciones y adiciones de última hora.

Del monto total, las multas para el PRI representan 21 por ciento, las del PRD ascienden a 66.4 millones de pesos (17 por ciento) y las del PAN 50.4 millones de pesos (13 por ciento)

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, dio a conocer estos datos al concluir la sesión del consejo.

Durante el desarrollo de la misma ni consejeros consultados y menos los partidos políticos tenían la precisión de estas cifras en el Consejo General, dado que se redistribuyeron los montos al incrementarse el monto global de 395 millones de pesos a 424 millones 850 mil pesos.

El cuarto partido más castigado es el PT con 43 millones de pesos, después Morena con 42.4 millones de pesos; en cada caso, equivalente a 11 por ciento del total.

Luego se ubican Encuentro Social con casi 30 millones de pesos (casi un 8 por ciento), Nueva Alianza con 27.7 millones de pesos y el Partido Verde Ecologista de México, o sea, 7 por ciento de cada fuerza.

Movimiento Ciudadano, que no participó en varios procesos electorales tuvo el monto más bajo: 17.8 millones de pesos (5 por ciento).

En tanto, 15 partidos locales sumaron 29.3 millones de pesos en sanciones y los candidatos independientes, casi 13 millones de pesos.

Incrementaron el monto de penalizaciones económicas, sobre todo porque el INE detectó más situaciones en las que los partidos políticos registraron tardíamente sus operaciones en el sistema de fiscalización en línea.

Por esa razón se les impusieron multas por un monto de 49.9 millones de pesos, equivalentes al 30 por ciento de las operaciones registradas después de que el instituto les enviase un informe de errores y omisiones.