Frena reformas en Q. Roo

La Jornada Maya
Foto: Notimex

Ciudad de México

De manera inédita, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR), interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de los “paquetes de impunidad” aprobados en los Congresos de Quintana Roo y Veracruz, y en contra de sus gobernadores, Roberto Borge y Javier Duarte.

En una conferencia conjunta entre la PGR y la Vocería del Gobierno federal, se anunció dicho ordenamiento en contra de los gobiernos de Veracruz y Quintana Roo en donde recientemente se aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Por instrucciones del Presidente, Enrique Peña Nieto, esta mañana la Procuraduría General de la República, presentó ante la Suprema Corte de Justicia, acciones de Inconstitucionalidad, en contra de los Congresos y los gobernadores de Quintana Roo y Veracruz para evitar la violación a los principios del Sistema Nacional Anticorrupción”, precisó el Vocero de los Pinos, Eduardo Sánchez al iniciar la conferencia de prensa.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, explicó que los Sistemas Locales Anticorrupción, se deben instalar en los estados, y deben ser coherentes con los principios del mismo a partir del 27 de mayo de este año, por lo que los estados y la federación deben guiar estos principios a partir de dos leyes, la Ley General del Sistema Anticorrupción y la Ley general de Responsabilidades administrativas, que aún no se decretan.

“Hasta en tanto no se expidan estas leyes, por lógica los estados no pueden armonizar las leyes secundarias y segundo, que se estableció también que hasta en tanto siguen vigentes las Leyes de responsabilidades administrativas o las que estuvieran vigentes”.

Por este motivo, los Congresos estatales deben esperar a la expedición de leyes generales de acuerdo al Artículo 105, fracción 2 inciso C de la Constitución Política del estado Mexicano, por lo que agregó, resulta conveniente que la SCJN revise tales reformas, toda vez que hay incompetencia de los Congresos estatales, en perjuicio del propio sistema que deriva de inseguridad jurídica que viola las reglas de dicho Sistema Anticorrupción.

“Lo que en esencia se ha solicitad, advierta que las entidades carecen de leyes locales anticorrupción sin que se hallan publicado las Leyes Generales y lo que es más que se advierta que puedan hacer nombramientos en dichas materias”, precisó.

De subsistir esto, agregó los actos emanados de estas leyes y nombramientos, adolecerían de juicios de inconstitucionaldiad, tales como los nombramientos de contralores Generales, de Fiscales especializados en el combate a la corrupción, así como de Magistrados en materia anticorrupción.

“No podemos dejar a la incertidumbre el Sistema Nacional Anticorrupción”, añadió.

El Vocero del gobierno federal, agregó que será el Presidente quien decrete estas reformas, en tanto continúan en vigor las anteriores, y reiteró que es precisamente uno de los objetivos de esta Legislación, evitar que los gobiernos estatales legislen para su favor.

“Esto es lo que los ciudadanos demandan y lo que las instituciones están obligadas a cumplir y hacer cumplir queda en manos de la SCJN resolver sobre este asunto”, dijo.