Fue trasladado al CEFERESO de Hermosillo

Alfredo Méndez
Foto: Imagen que circuló ayer en redes sociales
La Jornada Maya

Ciudad de México
Lunes 13 de junio, 2016

La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo en Ecatepec, estado de México, a Rubén Núñez Ginés, líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien durante la madrugada del pasado domingo fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, en cumplimiento a una orden de aprehensión por lavado de dinero.

Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, dio lectura este domingo a un comunicado en el que informó que la detención del líder del sindicato disidente del magisterio obedece a una orden de captura librada el pasado 14 de abril por el juzgado octavo de distrito con sede en Oaxaca.

[b]Lavado de dinero, el cargo[/b]

El juzgado encontró probable responsable a Núñez de haber lavado más de 24 millones de pesos procedentes de comisiones ilegales que recibió de empresas contratistas que prestaban diversos servicios a los miembros de la agrupación sindical. La hipótesis del supuesto lavado de activos imputado al dirigente es similar a la que utilizó la PGR para imputar hace tres años el mismo delito a Elba Esther Gordillo Morales: transferir a diversas cuentas bancarias personales de los líderes sindicales –al pago de sus tarjetas de crédito y a otros servicios financieros– dinero de los trabajadores del magisterio.

Higuera Bernal informó que las investigaciones de la PGR incluyen a otros dirigentes de la CNTE y engloban más de 132 millones de pesos que supuestamente fueron lavados por los líderes de ese sindicato. El mes pasado, el juzgado octavo de distrito rechazó conceder la libertad provisional bajo caución a Aciel Sibaja Mendoza, tesorero de la sección 22 de la CNTE, quien enfrenta la misma acusación.

El juez Jesús Díaz Guerrero determinó que la libertad provisional por delitos de lavado sólo proceden para los casos cuyos hechos investigados son posteriores al 29 de febrero, fecha en que entró en vigencia el sistema oral en la capital del país.

Desde el pasado 15 de abril, Sibaja Mendoza está preso en el penal de Hermosillo. Por su parte, Núñez, quien apenas el pasado sábado dio una conferencia de prensa en la Ciudad de México para condenar la detención del secretario de Organización de la sección 22, Francisco Villalobos, deberá rendir en las próximas horas su declaración preparatoria.

Al dar lectura a un comunicado en las instalaciones de la PGR, Higuera Bernal refirió que la detención de Núñez se realizó en total apego a derecho, pues se dio cumplimiento a un mandato judicial de captura.

Explicó que ‘‘el mandamiento judicial fue librado el 14 de abril de 2016 contra el secretario general de la sección 22 y otras personas, al encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal’’.

Añadió que la conducta imputada consiste en la adquisición y/o administración de recursos económicos de procedencia ilícita, y su posterior utilización por el ahora inculpado, pues se acreditó que los recursos económicos fueron adquiridos por el aprehendido como derivación de la celebración de convenios ilícitos.

‘‘La investigación permitió comprobar que, al amparo de diversos convenios suscritos por la sección 22 del sindicato con algunas empresas, éstas entregaron al imputado, de manera directa, indirecta o por interpósitas personas, una comisión quincenal de 3.5 por ciento, calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva, por las ventas y/o servicios que proporcionaban a sus agremiados, a sus representados, a los cuales a su vez se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos por medio de la nómina que se administraba cuando la sección 22 aún controlaba el Instituto de Educación Pública de Oaxaca’’, precisó Higuera.

Añadió que el monto de las operaciones de lavado, que hasta ahora se ha acreditado, asciende a más de 24 millones de pesos, como resultado de los depósitos que las empresas involucradas hicieron en el periodo comprendido de 2013 a 2015 en cumplimiento a los citados convenios.

‘‘La Procuraduría General de la República informa que continúa investigando la posible obtención ilícita de más recursos por los hasta ahora aprehendidos, que asciende a más de 132 millones de pesos, así como la probable participación de otras personas en los hechos referidos, además de la probable comisión de otros ilícitos’’, añadió el funcionario, sin permitir preguntas a los reporteros.