Emir Olivares, Alonso Urrutia, Matilde Pérez y Ángeles Cruz
Foto:Carlos Ramos Mamahua
La Jornada Maya

Ciudad de México
Martes 24 de mayo, 2016

Reacciones diversas generaron los planteamientos del presidente Enrique Peña Nieto, publicados ayer en una entrevista que concedió a La Jornada. Integrantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron que contrario a lo que señala el titular del Ejecutivo, sí existen motivos para el "mal humor social".

Hay motivos, dijo Javier Oliva Posada, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actual profesor visitante en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, “porque si bien es cierto que los indicadores económicos son positivos y tienen a México mejor que otros países de América Latina, también hay importantes pérdidas del salario y del peso, la falta de opciones en las universidades y el problema de seguridad. Pero el principal motivo es la corrupción e impunidad, como el tema de la llamada Casa Blanca”.

El dirigente nacional del PRD, Agustín Basave Benítez, dijo que Peña Nieto “sigue sin entender que el asunto del ‘humor social’ no es un problema hormonal colectivo, sino un malestar por la corrupción y el autoritarismo”.

La diputada federal panista Cecilia Romero opinó que el mandatario vive en otra realidad. Lo que no ve es que ese enojo lo genera la desigualdad que persiste en el país y que temas esenciales como el combate a la corrupción sigan pendientes.

Ese mismo malestar, apuntó, es el que se refleja en los procesos electorales, y más en los estados donde se echa mano del aparato gubernamental para beneficiar a los candidatos del PRI. Si bien la panista coincidió con el titular del Ejecutivo en que las campañas en curso se han distinguido porque "han caído muy bajo", puntualizó que los resultados de los comicios sí serán el anticipo de lo que vendrá en 2018.

Por separado, Oliva coincidió en que los comicios serán un indicador de lo que podría venir en 2018: la "atomización" del voto, la presencia de los candidatos independientes o el repunte de Morena, señaló

Con su declaración, dijo, Peña Nieto pretende "atemperar los asuntos internos de la burocracia federal como en el PRI, particularmente entre quienes tienen el objetivo de competir por la Presidencia".

Basave consideró que el planteamiento del Presidente "es un síntoma de que al PRI le va a ir mal, no arrasará ni logrará las nueve gubernaturas que auguró su dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones".

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Benito Nacif dijo que aunque las campañas políticas han cobrado gran intensidad en algunas entidades, es preferible que los electores cuenten con toda la información relacionada con los candidatos y los partidos, que restringir la libertad de expresión.

Respecto de los comentarios del jefe del Ejecutivo sobre la agresividad de las campañas, Nacif subrayó que hay un componente cíclico en estos procesos, el cual es utilizado por los partidos para marcar diferencias en un entorno en que la actividad política se ve afectada por situaciones como el crimen organizado.

Para Alejandro Sánchez Camacho, secretario de acción política estratégica del PRD, Peña Nieto habla de "mucho lodo y basura" en las campañas porque "sabe que su partido ha recurrido a los viejos esquemas y quiere carro completo; estimula el miedo para inhibir que los ciudadanos acudan a las urnas".

Otro tema abordado por el titular del Ejecutivo con La Jornada fue el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su señalamiento de que no entiende la razón de que se responsabilice al gobierno federal de esos hechos. Para Cecilia Romero, eso es así por las fallas del sistema político en los ámbitos de seguridad, información, y la carencia de mecanismos ágiles de comunicación que le hubieran permitido a la administración federal intervenir rápidamente.

En tanto, Oliva Posada subrayó que la simple participación de policías municipales "hace responsable al Estado", además que la administración federal tardó 10 días en atraer el caso y la investigación de la PGR ha sido deficiente, lenta y sin resultados claros.



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