José Antonio Román
Foto: Carlos Ramos Mamahua
La Jornada Maya

Ciudad de México
Viernes 29 de abril, 2016

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de ‘‘tergiversar’’ la realidad de los hechos ocurridos en el río San Juan, y pidieron una indagación ‘‘profunda, objetiva e imparcial’’, para lo cual debe dejar su cargo y ser investigado de manera independiente. ‘‘Nadie puede autoinvestigarse’’.

En una dura réplica al funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), que la víspera declaró –apoyado con la difusión de un video– que su presencia en el río San Juan, el 28 de octubre de 2014, había sido legal y transparente, e incluso ante funcionarios de Naciones Unidas, los integrantes del GIEI rebatieron categóricamente cada una de sus afirmaciones.

Señalaron que ‘‘tergiversar’’ los hechos y ‘‘manipular’’ la presencia de funcionarios de organismos internacionales resultan actos‘‘impropios’’ de un director de la AIC de México.

Afirmaron que el video presentado está editado, además de que demuestra que el funcionario tiene en su poder material videográfico que no ha sido incorporado a la averiguación del caso Iguala, lo cual es otra gravísima irregularidad que merece ser investigada.

[b]¿Cuatro bolsas?[/b]

Los expertos insistieron en que todo material –como el video presentado en la PGR por Zerón– o cualquier otro que se encuentre en posesión de la AIC debe ser proporcionado de forma inmediata a la unidad de investigación del caso Ayotzinapa e incorporado a la averiguación previa 1/2015.

También destacaron que en las recientes declaraciones de Zerón él habla de cuatro bolsas de plástico encontradas ese día 28 de octubre, de las cuales tampoco existe ningún registro.

En conferencia de prensa, primero en la lectura de un texto y después en la ronda de preguntas, el GIEI sostuvo que las declaraciones y el video presentados por el funcionario de la PGR (Zerón) ‘‘ratifican plenamente’’ lo señalado por ellos en su informe sobre la escena del río, de que ninguna de dichas actuaciones se encuentra en el expediente del caso.

Carlos Beristain, uno de los expertos, señaló que lo grave es que la presencia del funcionario y de uno de los principales inculpados en ese lugar tan importante para la investigación –donde presumiblemente fueron encontrados los restos de Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos– nunca quedaron registradas en el expediente del caso.

Además, hay que destacar que esa visita se realizó el 28 de octubre de 2014, un día antes de que las diligencias oficiales de la PGR se iniciaran en ese lugar. ‘‘Nadie podría ir a la escena del crimen el día de hoy, pasearse ahí, escoger la evidencia que le parece pertinente o relevante y volver al día siguiente a procesar la escena que el día anterior ya había ido trabajada’’, advirtió Claudia Paz y Paz, otra de las expertas.

Otro punto rebatido del video fue que, de acuerdo con testimonios recogidos, cuando se llevó al inculpado Agustín García Reyes –quien presumiblemente identificó en el lugar las bolsas con los restos óseos– la custodia militar del sitio ya había sido retirada, por lo que la aparición de elementos de la Marina correspondió a otro momento y no como señala el mismo Zerón. Es decir, no hubo testigos de sus acciones.

A esto se añade que cuando el inculpado García Reyes fue llevado a ese lugar ya mostraba lesiones físicas que suponen ‘‘indicios serios de tortura’’, de acuerdo con los informes médicos reportados entre su detención y su declaración preparatoria, con diferencia de apenas cinco horas.

Francisco Cox señaló que ‘‘este comportamiento de la AIC y de Zerón’’ obligan a pensar que junto con esta gravísima irregularidad ‘‘pudiera haber otras más en las que incluso se hubieran desestimado pruebas o evidencias’’ del caso.

‘‘Lejos de aclarar la situación, las explicaciones dadas por Zerón ponen de manifiesto que su comportamiento está en contradicción de los estándares mínimos internacionales en la investigación de los hechos. Por tanto, agravan el problema’’, sostuvo el GIEI, cuyo mandato concluye este sábado 30 de abril.


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