Alonso Urrutia
Durante la presentación en Palacio Nacional de un informe sobre la violencia de género, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer un plan de cinco acciones para avanzar en la erradicación de ese problema.
Destaca la incorporación de los institutos de la Mujer en las reuniones de las 32 mesas de seguridad estatales y en 266 regionales, para dar seguimiento a los delitos contra este sector y evitar la impunidad.
“Asumimos el compromiso de llevar al más alto nivel de la agenda de Estado la seguridad de las mujeres (…) Para atender hay que entender, para defender hay que actuar, tomar decisiones firmes, hacer lo que sea necesario para avanzar en la lucha colectiva del sector. Construir la paz en México exige justicia para ellas.”
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, aseguró que “la situación del feminicidio en México se encuentra en una etapa de contención, alcanzada en 2020, cuando por primera vez en varios años se registró una ligera disminución de 0.2 por ciento respecto al año anterior, lo cual dista del incremento de 47 por ciento registrado en 2016, 22.6 en 2017 o 20.4 en 2018. Tenemos bien diagnosticado el fenómeno”.
Alanís resaltó que “18 por ciento de los municipios del país concentran 100 por ciento de feminicidios, lo que nos lleva también a una identificación territorial, donde casi todo el año mantuvo la misma tendencia”. Según datos oficiales, las tasas más elevadas de feminicidios se encuentran en Morelos y Colima, y en el desagregado municipal destacan Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Guadalajara y Ecatepec.
En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se refirió –a pregunta expresa– a la posibilidad de legalizar el aborto en México. Explicó que su postura siempre ha sido clara y rechazó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que sean las mujeres quienes decidan en una consulta, implique someter sus derechos a este ejercicio. “No van a decidir sobre los derechos, sino sobre un tipo penal específico”.
Afirmó que la viabilidad de establecer un código penal único a escala nacional pasaría por una reforma constitucional. En su caso, implicaría un debate sobre la tipificación de los delitos y, en el caso del aborto, sobre la despenalización, “es decir, que no se lleve a la cárcel a las mujeres, que no se le sujete a un proceso penal”.
Al detallar otras acciones para enfrentar la violencia contra el sector femenino, Rodríguez dijo que se integrará un cuerpo especializado de mujeres para coadyuvar con las fiscalías estatales en las investigaciones sobre feminicidios, en la SSPC se instalará un gabinete de mujeres para la construcción de la paz, continuará la capacitación de las policías y la realización de diagnósticos más precisos, dando prioridad a los estados con mayor incidencia de delitos contra ellas y los municipios con alerta de género.
Asimismo, se avanzará en instaurar el modelo nacional de policía y justicia cívica para fortalecer las capacidades de los “primeros respondientes”.
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