Emir Olivares
En medio de la crisis y especulación que se ha dado por la alta demanda de oxígeno medicinal en el país, sobre todo en las ciudades que se encuentran en semáforo rojo por la elevada incidencia de casos de COVID-19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a autoridades, empresas y ciudadanos a prevenir y evitar prácticas que favorezcan la escasez y encarecimiento de ese producto.
El llamamiento lo dirigió a las empresas, para que eviten actividades monopólicas y el lucro que conlleven a la falta de ese insumo y a que su costo se eleve; a la Secretaría de Salud federal (Ssa) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que en el marco de sus atribuciones garanticen los derechos humanos de los contagiados; a la sociedad en su conjunto, a fin de que las personas no acaparen ni revendan tanques u oxígeno medicinal.
“La escasez de oxígeno que se registra en diferentes entidades de la República Mexicana, presuntamente, tiene su origen en actividades monopólicas y afán de lucro, lo que ha provocado la escasez y el encarecimiento de dicho insumo”, enfatizó la CNDH, por lo que llamó a las empresas que se dedican a esta actividad a no incurrir en prácticas que propicien riesgos a la vida y la salud de las y los enfermos.
A la Profeco, le exhortó a que en el marco de sus atribuciones, privilegie la observancia de los derechos humanos y realice las acciones necesarias para prevenir y evitar que empresas productoras y comercializadoras de oxígeno medicinal incurran en prácticas que favorezcan la escasez y encarecimiento del producto en el país, indispensable para la atención de pacientes con COVID-19.
Recordó que hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general en todo el territorio nacional, que la producción y distribución de oxígeno medicinal para consumo humano es de carácter prioritario”, el cual señala la obligación de las autoridades competentes de vigilar el precio del oxígeno medicinal, a efecto de que no se produzcan abusos que encarezcan los costos del mismo.
A la Ssa, la CNDH le remarcó que el artículo primero de la Constitución establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, privilegiando, en este caso, el relacionado con la protección de la salud.
Agregó que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas exigen que los Estados respeten, protejan y realicen las garantías fundamentales de las personas que se encuentran en su territorio y/o su jurisdicción, lo cual incluye el deber de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas.
Asimismo, el organismo nacional presidido por Rosario Piedra Ibarra apeló “a la solidaridad que caracteriza al pueblo de México para que en el marco de la crisis generada por el COVID-19 se eviten el supuesto acaparamiento de tanques de oxígeno y reventa de los mismos por parte de particulares, mismas que impiden otorgar atención pronta y de calidad a los pacientes en instituciones públicas y privadas de salud”.
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