Alejandro Alegría
La International Chamber of Commerce México (ICC México), organismo que representa a empresas multinacionales, pidió al Congreso de la Unión rechazar la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, pues consideró que de aprobarse afectará a inversiones, los principios de austeridad y contraviene a los compromisos asumidos por el país en tratados.
El organismo comentó que el proyecto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo, detalló que el impacto se reflejará en consumidores finales del servicio básico y calificados, desarrolladores, generadores, permisionarios y sus socios autoabastecidos, la salud de la población en el país, al medio ambiente y la economía nacional.
Apuntó que la iniciativa se contrapone a los principios de austeridad en el gasto del gobierno, porque se incrementarían los precios de la energía eléctrica al público o bien subsidiar con recursos públicos el consumo energético de la industria y los hogares.
Consideró que es “innecesario y contraproducente someter al país a un debate donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya sentenció previamente en contra de los principales argumentos de la iniciativa preferente de reforma”.
Abundó que la resolución emitida la semana pasada por el Poder Judicial será la base para juicios de amparo o arbitrajes nacionales e internacionales a los que recurrirá un gran número de empresas para defender sus inversiones.
Al igual que otros organismos del sector privado argumentó que los cambios constituyen una falta grave al estado de Derecho y se contraponen a los compromisos internacionales de México en tratados internacionales, lo que imposibilita la aplicación de dicha reforma. Señaló que acuerdos como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea México (TLCUEM) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), no permiten monopolios y la irretroactividad de la ley y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Señaló que al dar preferencia a la energía que despacha la Comisión Federal de Electricidad (CFE), genera un trato discriminatorio por parte del Estado mexicano para las demás empresas participantes y establecería nuevamente un monopolio estatal.El ICC llamó a los legisladores a hacer un análisis crítico y detallado a través de un Parlamento Abierto, pues de lo contrario no se cumplirán los motivos de la reforma como garantizar la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y el incremento de las tarifas del servicio eléctrico en términos reales para el consumidor final, entre otros.
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