Armando G. Tejeda
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya
21 de marzo, 2016
Juan Manuel Muñoz Luévano, el empresario de Coahuila vinculado al llamado “caso Moreira”, permanecerá en prisión Soto del Real de forma permanente hasta que preste su declaración ante el juez instructor y se decida si finalmentehay indicios para continuar con la causa por la que se imputan dos delitos de blanqueo de capitales y asociación delictiva.
Así lo decidió la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que ratificó de tal manera la decisión del juez que estaba de guardia el pasado sábado, Juan de la Mata, y adoptó la medida ante el “riesgo de fuga” y la “gravedad” de los delitos imputados.
Muñoz Luévano, también conocido como Mono Muñoz y El Inge, fue detenido el pasado viernes en Madrid, donde tiene una vivienda e iniciaba a tejer una red de sociedad mercantiles y comerciales con el propósito, según los fiscales que investigan la trama, José Grinda y Juan José Rosa, de blanquear dinero procedente del narcotráfico mexicano, en concreto del violento cártel de Los Zetas.
La detención del empresario de Coahuila, dueño de decenas de gasolineras, permitió también el registro de su vivienda, donde la policía se habría incautado abundante documentación relacionada precisamente con el manejo
de fondos financieros.
Los datos y los documentos, incorporados a la causa y que siguen teniendo el “secreto de sumario”, podría suponer un nuevo giro en la investigación, en la que se señala al ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, como uno de los operadores financieros del crimen organizado mexicano y al que además se le vincula de forma directa con Los Zetas, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción española, que se ha estado alimentando de la causa abierta en el juzgado de San Antonio, Texas, tras la detención de Rolando González Treviño, ahora testigo protegido y que figura como supuesto “prestanombres” del propio Moreira.
Moreira salió de España de forma precipitada después de estar una semana en prisión y una semana más con el pasaporte incautado, pero finalmente el juez del caso, Santiago Pedraz, decidió devolverle el documento y levantarle la prohibición de viajar, a pesar de que no archivó la causa.
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