Gustavo Castillo y José Antonio Román
Foto: Francisco Olvera
La Jornada Maya

19 de febrero, 2016

Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que lleve a cabo 140 diligencias como parte de la investigación del caso Iguala, y que complementan y refuerzan a las presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Lo anterior ocurrió durante un encuentro en el cual se les anunció que se llevará a cabo un tercer peritaje en el basurero de Cocula, en el cual participará el especialista peruano José Torero, quien ya realizó un estudio y determinó que en ese lugar no hubo un incendio que hubiera permitido la incineración de los 43 normalistas.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la PGR en la Ciudad de México, y en ella participaron los familiares de los normalistas, los integrantes del GIEI, la procuradora general de la República, Arely Gómez; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y José Aarón Pérez Carro, titular de la oficina de investigación del caso Iguala.

Posterior al encuentro, a través del abogado Vidulfo Rosales, los familiares externaron su molestia por ‘‘el poco avance y los insuficientes resultados’’, y señalaron que durante el encuentro, en el cual se resumieron tres meses de que se inició el desahogo de nuevas líneas de investigación, no ‘‘hay resultados positivos de la búsqueda de los estudiantes’’.

Asimismo, explicó Rosales, los familiares consideran que ‘‘aunque no están de acuerdo en que se haga un nuevo peritaje en el basurero, aceptarán los resultados de esta prueba siempre y cuando los expertos del GIEI avalen a los integrantes del grupo de especialistas y la PGR los deje participar abiertamente en los trabajos’’.

Añadió que uno de los reclamos que se hicieron a la PGR es la falta de autorización para que integrantes del Ejército sean interrogados por los miembros del GIEI, y que esta vez la PGR solamente les informó de nuevas diligencias en torno a la línea de investigación del quinto autobús y búsquedas en zonas cercanas al río San Juan.

En tanto, la procuraduría aseguró que la investigación sigue abierta y que durante ‘‘su intervención, la procuradora subrayó la disposición institucional para atender sus inquietudes y dio cuenta del desahogo de los compromisos asumidos en las reuniones previas. La indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas está abierta y se desarrolla contando, de manera estrecha, con la coadyuvancia de los integrantes del GIEI’’.

El pliego de peticiones para nuevas diligencias fue presentado durante el encuentro. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro, quien estuvo presente en la reunión, señaló que los padres de familia dijeron estar conscientes que algunas de estas propuestas los ponen en riesgo y pidieron garantías a la PGR.

Emiliano Navarrete, otro de los padres, expresó que lo único que está generando el gobierno al negar las entrevistas con los militares es ‘‘extender la sombra de la sospecha sobre las fuerzas armadas’’. En su respuesta, la procuradora Arely Gómez señaló que este tema corresponde resolverlo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.


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