Organizaciones de DH cuestionan plan de seguridad militar de AMLO

Emir Olivares Alonso
Foto: Cristina Rodríguez
La Jornada Maya

Ciudad de México
Martes 20 de noviembre, 2018

Es sumamente grave que el próximo gobierno federal apueste por un modelo de seguridad militarizado, como lo anunció la semana pasada con la propuesta de creación de una Guardia Nacional, donde las labores de seguridad pública estarían bajo mandos militares.

Así lo expresaron en un pronunciamiento conjunto las 87 organizaciones de 23 estados del país que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) en el que condenaron la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; y subrayaron que el país debe apostar por un modelo de seguridad civil.

Aunado a ello, ante los amagos en el Congreso, con mayoría del partido del presidente electo, de que la propuesta será aprobada, la Red TDT enfatizó: "Es sumamente grave que el grupo parlamentario de Morena insista en perpetuar un modelo de seguridad militarizado. Es claro que se trata de una provocación al espíritu democrático que se expresó en las urnas el 1 de julio. Aún es tiempo de demostrar los ánimos democráticos de la cuarta transformación. La congruencia política determinará nuestro lugar en la historia".

Las organizaciones que conforman la Red llevan 20 años cuestionando con argumentos críticos el modelo militarizado de seguridad pública. Recordaron que en el contexto del debate nacional que se generó en torno a la Ley de Seguridad Interior, en días pasados presentaron un Amicus Curiae Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que expusieron argumentos históricos al respeto.

En ese documento señalaron su preocupación, pues "el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en temas de seguridad interior". También pusieron el énfasis en la preocupante decisión de obviar el grave contexto de violaciones a derechos humanos atribuibles a la militarización que se ha documentado por diversas organizaciones civiles.

"Por ello la decisión política de las fuerzas mayoritarias del Congreso pone en duda su convicción democrática. No podemos olvidar que la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública es contradictoria con la esencia de sus funciones y capacidades. Esto fue reconocido nuevamente en las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitidas el 19 de noviembre en las que insta 'al Estado parte a fortalecer a las fuerzas civiles del orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública'”.

Agregaron que la gravedad de la situación quedó claramente de relieve con la decisión del 22 de noviembre de la SCJN al declarar inconstitucional la ley de seguridad interior.

"La magnitud de esta determinación judicial es un reflejo de la importancia del tema, pues es la primera vez en nuestra historia que el máximo tribunal rechaza en su totalidad una Ley al declararla inconstitucional. La fuerza de este posicionamiento de la SCJN contrasta con la intención de minimizar el diálogo al respecto por parte del nuevo gobierno".

Aplaudieron la firmeza de la SCJN y consideraron que este precedente permitirá dimensionar el debate sobre la participación de las fuerzas armadas en tiempos de paz. "Sin embargo, vemos con gran preocupación la rapidez e inconsistencia política de los argumentos de los diputados de Morena que han presentado diversas iniciativas de reforma constitucional que permitirán la creación de la Guardia Nacional adscrita al mando castrense.

"Más allá incluso que la defenestrada Ley de Seguridad Interior esta nueva iniciativa pretende elevar la participación militar en labores de seguridad pública a rango constitucional, pues se busca que estén adscritos a dicha institución elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina en labores de seguridad pública y procuración de justicia. Adicionalmente a esto su vinculación orgánica con el Ministerio Público pone en riesgo los avances que el modelo de impartición de justicia está teniendo en México".

Remarcaron que históricamente la Red TDT ha enfatizado que las labores de seguridad pública deben están encomendadas a mandos civiles. "Ese es el mandato actual de nuestra Constitución como ha ratificado la SCJN. Por ello condenamos enérgicamente una iniciativa política que pretende aprobar por vía del fast track -anulando el necesario y evidente debate público al respecto- la presencia de las fuerzas armadas en las calles que ha motivado graves violaciones a derechos humanos".