Emir Olivares Alonso
Foto: Afp
La Jornada Maya

Ciudad de México
Miércoles 17 de octubre, 2018

Las autoridades mexicanas deben garantizar la protección y auxilio inmediato de todos los integrantes que participan en la llamada "Caminata del Migrante", que partió hace unos días de Honduras y pretende llegar a los Estados Unidos, pasando por México. Así lo demandó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante los amagos del gobierno de México de movilizar a las corporaciones policiacas y migratorias contra la caravana, así como la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los migrantes no lleguen a su país.

La CNDH solicitó a distintas autoridades federales y a las estatales y municipales de Chiapas, la implementación de medidas cautelares y humanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, "para la protección y auxilio inmediato a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores, con discapacidad y a quienes requieran atención especial entre quienes participan en la Caminata del Migrante”.

Desde ayer, el organismo nacional notificó a las autoridades correspondientes sobre esta medidas de protección, en las que les urge a que de manera coordinada y de acuerdo con sus competencias emprendan acciones inmediatas para que en los lugares que se habiliten para el alojamiento de los migrantes se proporcione a las personas beneficiadas alimentación, atención médica y psicológica, priorizando en todo momento a los grupos señalados, con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos.

En especial, al Instituto Nacional de Migración le solicitó que las acciones de verificación migratoria que practique se lleven a cabo con respeto a los derechos fundamentales, además de que instruya que, en atención al principio de no devolución, se realicen las acciones correspondientes para que a las personas que pretendan solicitar refugio les sea respetado ese derecho.

A la Policía Federal, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, a los titulares de las presidencias municipales de Tapachula y de Suchiate les requirió que cualquier actividad que realicen en torno de la “Caminata Migrante” respete los derechos de las personas en contexto de migración y se atiendan las particularidades de cada grupo o persona.

También les pidió proporcionar la seguridad pública necesaria en los lugares en los que los migrantes de esta caravana pernocten y durante la espera para ser atendidas por la autoridad migratoria.

"La solicitud de medidas cautelares es parte de la función primordial de la CNDH y permiten conservar y proteger a una persona en el goce de sus derechos humanos. Su propósito es evitar la consumación irreparable de hechos violatorios a estas garantías", detalló el organismo a cargo de Luis Raúl González Pérez.

Las medidas fueron dirigidas a Rafael Avante Juárez y Patricia Martínez Cranss, subsecretario de Derechos Humanos y subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, respectivamente; Pablo Antonio Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad; a Gerardo Elías García Benavente, comisionado del Instituto Nacional de Migración; Jesús Naime Libién, titular del Sistema Nacional DIF; Luis Enrique Guerra García, procurador Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Mario Carlos Culebro Velasco, Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas; Octavio Lozoya Uribe y Luis Manuel García Moreno, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y secretario de Protección Civil de esa entidad, respectivamente.

También a Leticia Guadalupe Montoya y Juan Pablo Pinto Gómez, encargada del despacho de la Secretaría de Salud, y director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y Claudia Guadalupe Castellanos Galdámez, procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF, de ese estado, respectivamente; Óscar Gurría Penagos, presidente municipal de Tapachula, y Sonia Eloína Hernández Aguilar, presidenta municipal de Suchiate.

"La CNDH mantendrá su observación respecto al cumplimiento de las medidas cautelares en favor de las personas en contexto de migración, con el fin de que les sean respetados sus derechos humanos".


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