Ana Langner y Georgina Saldierna
Foto: Especial
La Jornada Maya

Ciudad de México
Sábado 21 de julio, 2018

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se tomó atribuciones que no le corresponden al haber aumentado los salarios de la alta burocracia federal dos semanas antes de la elección presidencial, señaló Daniella Judith Hernández Flores (Movimiento Ciudadano), secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Ello, expuso en entrevista telefónica, toda vez que en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 aprobado en noviembre pasado no se estableció que habría un incremento retroactivo al primero de enero de 2018.

Como informó este diario, la SCHP apuntó que la actualización de los tabuladores del PEF 2018 fue aprobado por el Congreso de la Unión. En el decreto se puntualiza que: "Los incrementos que, en su caso, se otorguen a los servidores públicos, se sujetarán a los recursos aprobados en los anexos 7 y 25 de ese decreto y tendrán como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto del año 2017".

Al revisar dichos anexos se observan las previsiones salariales y económicas de las secretarías de Estado y la Oficina de la Presidencia de la República (anexo 7); así como los destinados para los sistemas de educación y el fondo de aportaciones para los servicios de salud (anexo 25).

[b]"Ningún retroactivo"[/b]

En ambos se detalla el incremento a las percepciones, "pero lo que se votó fueron montos fijos", apuntó Hernández Flores. "No se estableció ningún retroactivo", reiteró.

Apuntó que el PEF 2018 fue aprobado por mayoría, pero con varias reservas. Tan sólo el partido naranja presentó 36, de las cuales destaca una al artículo 17. A través de una modificación se pretendía que no fuera posible autorizarse percepciones extraordinarias a funcionarios públicos.

Sin embargo, "como sucedió en la mayor parte de la Legislatura, todas las minorías nos veíamos con las manos cruzadas al meter las reservas de ley y que simplemente no eran aprobadas", debido a la mayoría priísta, dijo Hernández Flores.

Por su parte, Virgilio Caballero, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, negó que San Lázaro hubiese aprobado dicho aumento salarial. "No hubo tal aprobación, ha sido una decisión de la Secretaría de Hacienda", acusó.

Caballero calificó la acción como una especie de medida preventiva del gobierno federal ante un posible recorte de sus ingresos ante el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador; "se los estaban aumentando para que la reducción fuera menor, en el caso de que ocurriera".

La diputada morenista Araceli Damián cuestionó que el aumento fuera retroactivo para enero y que se hubiese aplicado hasta ahora. Asimismo destacó que el PEF se aprobó sin el aval del partido ­guinda.

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, declaró que el PEF es responsabilidad de la SHCP y el PRI es el que tiene la mayoría en el Congreso. Precisó que el documento llega a San Lázaro con poco tiempo para su revisión, por lo que desconoce con puntualidad si el ajuste salarial retroactivo a enero fuera incluido; sin embargo, negó que fuese un buen momento para dichos incrementos de salario; "tendría que haber mayor sensatez, darse cuenta que la sociedad repudió ese tipo de acciones; tener algo de sensibilidad".

[b]Año de Hidalgo[/b]

Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no es ético que faltando dos días para las elecciones, cuando ya se sabía que el PRI perdería las elecciones, el gobierno federal haya autorizado un aumento salarial para los mandos altos y medios de la administración pública. Esas acciones desacreditan a la clase gobernante y se le puede acusar de querer llevarse en el año de Hidalgo todo lo que se pueda, subrayó.

El secretario general del partido del sol azteca, Ángel Avila, condenó la decisión gubernamental y exigió que la medida se eche atrás. Esti­mó que si dicho aumento hubiera venido en el decreto del presupuesto, se habría sabido y estallado un escandalo. "Dudo que lo hayan aprobado los diputados y parece más una especie de saqueo de las arcas públicas. Hacienda tendría que clarificar esa parte del decreto", enfatizó.


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