Fernando Camacho Servín
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Ciudad de México
Martes 12 de junio, 2018

El reciente caso de la ola de llamadas telefónicas para denostar al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, muestra que la cultura de la protección de datos personales no ha terminado de consolidarse entre las instituciones públicas y privadas de México, y obedece también a que gran parte de la ciudadanía afectada por este tipo de actos no los denuncia.

Así lo afirmó Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), quien consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe insistir para que las autoridades competentes averigüen quién está detrás de dicha campaña de llamadas anónimas.

“Estamos iniciando (en la protección de los datos personales) y este tipo de cosas que ahora vemos es porque la cultura en las instituciones privadas y públicas no se ha dado o consideran que la gente no va a denunciar. Entonces, si la gente no denuncia el mal uso de sus datos, es difícil que las autoridades podamos actuar”, señaló el funcionario tras participar en un foro sobre transparencia y acceso a la información de personas físicas y morales.

Guerra indicó que los usuarios de líneas telefónicas que recibieron las llamadas para denostar a López Obrador tienen la posibilidad de denunciarlo ante el Inai, organismo que tiene la facultad de iniciar una investigación al respecto, ver quién contrató la línea telefónica “y, en su caso, aplicar una sanción por estar utilizando datos personales” sin consentimiento de los ciudadanos.

“Ellos pueden presentar la denuncia y lo primero que pediríamos a la empresa esta o a quien sea que esté detrás de ella, es pedirle que ese dato ya lo borre, lo suprima, y después la posibilidad de una sanción, que sería de tipo económico por el daño que causó por el mal uso de los datos personales”, especificó.

De acuerdo con el comisionado, otra de las razones del surgimiento de estas campañas es que en muchas ocasiones se cruza información en manos de entidades públicas, como partidos políticos, con la de instituciones privadas, sobre todo bancos, compañías telefónicas y aseguradoras, debido a que no existía ninguna ley que sancionara esta irregularidad.

Sin embargo, afirmó que la normatividad que hoy existe ha permitido que tan sólo el año pasado el Inai impusiera multas por casi 80 millones de pesos a diversas empresas que hicieron mal uso de los datos personales de los usuarios.

Al preguntársele su opinión sobre el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) señaló que no puede saber el origen de las llamadas anónimas, Guerra Ford aseveró que dicho organismo –en su calidad de regulador de estas actividades—le puede solicitar a las compañías telefónicas que aclaren cuántas llamadas se hicieron y quiénes contrataron ese servicio.

“Toda línea telefónica está aunada a una persona física o moral y se puede decir a nombre de quién está esa línea. El INE insistirá y lo que tiene que hacer es aclarar. El Ifetel no la posee (la información), pero sí la puede solicitar”, puntualizó.


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