El mundo feliz no se agota en el centro de Mérida

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Viernes 18 de mayo, 2018

En el mundo feliz de la Islandia tropical se descubre que el oro que refulgía era vil cobre, o más bien, PVC pintado de dorado.

En un debate con los candidatos a la gubernatura, encontraron el hilo negro: en Yucatán hay 900 mil personas “en situación de pobreza”.

Así les dijeron a los candidatos los empresarios pidiéndoles respuestas a ese terrible acertijo de la miseria multitudinaria que circunda las islas de prosperidad, con lagos artificiales y pastito importado, que se multiplican en la geografía yucateca y meridana de la mano del modelo de desarrollo que nos ponen como el non plus ultra.

Es decir, casi el 50 por ciento de la población yucateca es reconocida como pobre. Sea lo que sea que quiera decir en “situación de pobreza”, porque hay muchas personas más con empleos por debajo de la línea de sobrevivencia, viviendo en casas hacinadas, sin servicios y baños, mala alimentación, rodeados de basura y de delincuencia. Basta darse una vuelta por Kanasín, el sur de Mérida o las comisarías de la ciudad, así como por otros municipios, por no hablar de quienes no tienen un empleo fijo, o viven en una casa con una sola habitación y baño, de los pensionados que no llegan a fin de mes, o de aquellos trabajadores que no alcanzaron a cotizar para tener una pensión y que buscan infructuosamente una chamba diaria para sacar algunos pesos para comer; de los campesinos, pescadores e inmigrantes pobres. Ni hablar de los enfermos que no pueden tratarse porque no hay medicinas en los hospitales públicos, porque en las farmacias las medicinas son muy caras, porque no hay dinero para tratarse.

Pero eso sí, el tema tabú es hablar de la necesaria redistribución de la riqueza. Sí a través de empleos, como dicen al unísono los candidatos, pero sumando servicios y agregando sueldos y prestaciones que no existen en Yucatán, sino raramente, de forma excepcional.

Mientras tanto, se niega que las políticas económicas aprobadas vía el Pacto hayan generado más pobreza durante el actual sexenio.

Es un hecho, y no se necesita ser el Coneval o el Inegi para darse cuenta que el aumento brutal a las gasolinas no sólo perjudica a quienes tienen inmensas camionetas y autos de lujo que dejan en marcha –como ocurre con los guaruras y choferes de funcionarios–, sino a la mayor parte de la población vía el aumento generalizado del costo de la vida.

Esto es algo que quienes votaron por las reformas estructurales defendidas por el consejo de magnates del país se niegan a reconocer.

Pero veamos la campaña en Mérida, la ciudad más grande del estado, que sigue creciendo precisamente por las políticas económicas que en primer lugar se deciden desde la Ciudad de México y en Palacio de Gobierno en la 61, y que buscan antes que nada beneficiar a los inversionistas extranjeros.

La idea principal del candidato oficialista por Mérida es restar las pocas capacidades en la toma de decisiones que tiene la ciudad, sus ciudadanos, a través del Cabildo y del gobierno municipal. Se trata de concentrar todo en manos del gobierno estatal, esa es la fórmula mágica contra el repentinamente descubierto hoyo negro de todos los males que supuestamente es el centro de Mérida.

Mando único policial, no a entregar la Japay (el agua potable) a la autoridad municipal –a ver si así dejan de perforar las calles recién pavimentadas– menos aún permitir que el municipio tome decisiones en materia de transporte más allá de posar para la foto y el aplauso cuando se compran algunas unidades nuevas.

La realidad, cruda, es que el tema de la inseguridad –de la que habla el candidato Caballero Durán– no es una cuestión que preocupa sólo en el centro como dice, sino en toda la ciudad, por los robos a casa habitación, por no hablar del robo a negocios, el pandillerismo y el narcomenudeo.

Estamos ante dos visiones contrapuestas de la ciudad: una que busca seguir tratando a Mérida como subordinada y menor de edad –como hizo por décadas el PRI gobierno con la Ciudad de México– y otra que pide mayor autonomía en la toma de decisiones y ampliar las capacidades municipales para dar también voz a los ciudadanos.

Son proyectos contrapuestos: uno que busca reforzar la autonomía municipal y darle más facultades al ayuntamiento para cumplir mejor su función y otro que claramente intenta nuevamente debilitar las facultades municipales y cedérselas al estado, el que ya de por sí concentra recursos y atribuciones.

Esta última es la postura de Víctor Caballero Durán: debilitar al municipio y someterlo al gobierno estatal, con el objetivo de acabar, además, con ese bastión de oposición existente en la capital que es también expresión de la necesaria pluralidad política, base y fundamento de toda democracia.

Pero todo indica que fracasarán en el intento.

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