El zipizape de San Felipe

Rafael Robles de Benito
La Jornada Maya

Miércoles 4 de diciembre, 2019

Hace algunos años San Felipe, al oriente de la costa yucateca, se conocía como el pueblo de pescadores más ordenado y apacible de la entidad.

Corazón de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Oriente de Yucatán, se distinguía por una sólida gobernanza, un tejido social alrededor del cual gravitaban los pescadores de langosta, pulpo y escama, del que salían sin mayores conflictos las autoridades locales (que solían moverse entre la autoridad municipal y la directiva de las cooperativas), y que dejaba espacio para actividades emergentes y diversas, como una ganadería a una escala relativamente pequeña, y una serie de tentativas dirigidas a la prestación de servicios turísticos e incluso –cosa insólita en el arreglo sociocultural de las comunidades pesqueras peninsulares– admitía la presencia, pujante y novedosa, de colectivos de mujeres pescadoras, que no solamente se dedicaban a la extracción de carnada para la captura de pulpo, sino que incluso incursionaban en el buceo.

De un tiempo a la fecha este panorama, que muchos considerábamos idílico, para convertirse en una comunidad más de intereses encontrados, pugnas sin solución y tensiones sociales, manifestadas a través de tomas de carreteras, plantones, manifestaciones y reclamos, a veces nacidos de la clara conciencia de situaciones controversiales y conflictivas, pero otras veces resultantes de una carencia de información y de comprensión acerca de lo que establece el marco normativo existente, que debiera imperar sin cortapisas y funcionar como instrumento eficaz para la resolución de controversias, y no como mecanismo de presión, sanción y criminalización de los actores sociales más vulnerables.

Esta otrora pacífica comunidad se ha perturbado por una sucesión de eventos, comúnmente vinculados con la apropiación de recursos naturales y servicios ambientales, en algunos casos frente al crecimiento de la población local; pero en otros, a raíz de la incursión de elementos externos, como lo fuera en su momento la desordenada, voraz y prácticamente criminal captura de pepino de mar, encabezada y promovida por un mercado ajeno al funcionamiento tradicional de las pesquerías en el estado, y acompañado de una migración de cantidades importantes de pescadores (con la adición de una población parasitaria de comercio informal, venta de bebidas alcohólicas, prostitución y narcomenudeo). Lo que ha hecho erupción en estos días tiene que ver con la ubicación de San Felipe en el territorio, su crecimiento demográfico, y el actual arreglo institucional y normativo.


[b]En una estrecha franja de tierra[/b]

Para bien o para mal, San Felipe, como otros puertos del litoral yucateco, se encuentra ubicado en una estrecha franja de tierra, entre la zona federal marítimo terrestre al norte (la Ría Lagartos), y una zona de manglares, también sujeta a la jurisdicción federal, al sur. Al este, colinda con la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, y al oeste con la Reserva Estatal Bocas de Dzilam.

San Felipe ha crecido invadiendo la zona federal, y rellenando porciones de ciénaga. Esto sucedió mucho antes de que se tuviera una clara conciencia del hecho de que ese mecanismo de crecimiento urbano resulta ilegal, y ninguna autoridad federal intervino intentando detener la expansión de la mancha urbana, y mucho menos sancionar a los alcaldes que, trienio va y trienio viene, sostuvieron sus campañas electorales prometiendo materiales para rellenar terrenos inundables y habilitarlos para la construcción de viviendas más o menos precarias.

Y no solamente viviendas: el cementerio de San Felipe –y el sitio de disposición de residuos municipales–, también fueron asentados ilegalmente.

Hoy, la comunidad no cuenta con un fundo legal que le permita crecer, pero los residentes locales reclaman tierra para asentarse. Su reclamo es legítimo, y la autoridad local se encuentra entonces ensartada dolorosamente en los cuernos de un dilema como un toro bravo: si accede a satisfacer la demanda de los pobladores, sin considerar el marco normativo vigente, cometerá un delito (como ha quedado demostrado tras varios intentos de relleno de manglares); y si opta por seguir la ruta de la legalidad, le resultará imposible encontrar una solución que satisfaga la expectativa de los electores.

Ante esta situación quedan pocas vías de acción posibles: una sería la modificación del decreto federal que define el polígono de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, de manera que se le despoje de una superficie adecuada para dotar a San Felipe de un fundo legal suficiente, en tierras donde resulte admisible la construcción (esto es, que no sean inundables, no estén cubiertas por manglares, y no signifiquen la invasión de áreas de zona federal marítimo terrestre).

No se aplica una medida similar al caso de la Reserva Estatal Bocas de Dzilam, porque invadiría manglares necesariamente. La otra consistiría en la formulación de un Programa de Desarrollo Urbano para el municipio de San Felipe que, por ley, como quedó demostrado por la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el célebre caso de Tulum, no podrá interesar áreas sujetas a la jurisdicción federal, de manera que tendría que proponer el crecimiento de San Felipe hacia el sur, más allá de las áreas inundables, en terrenos que hoy se encuentran sujetos a propiedad privada (son, de hecho y en su mayor parte, ranchos ganaderos). Esta segunda vía implicaría la expropiación de los ranchos requeridos (por motivo de interés público) y la correspondiente indemnización a los dueños.

La segunda propuesta es la más saludable, desde el punto de vista jurídico y ambiental, pero no le parece así a la mayoría de los residentes de San Felipe, que quisieran que su comunidad creciera en los márgenes de la mancha urbana que hoy existe, independientemente de los que digan leyes y decretos. Nada más difícil que convencer a un colectivo humano de las bondades de un cambio al que se resiste, pero quizá no haya más solución que pueda romper los cuernos del dilema. El conflicto está ahí, y parece inevitable. Solamente espero que los ciudadanos de San Felipe logren resolverlo en paz, de manera democrática, solidaria y respetuosa del estado de derecho.

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