Samahil y Chocholá, enfrentamientos a través de los tribunales por la tierra ejidal

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 30 de octubre, 2019

En Samahil, el ex procurador, Rafael Acosta, compró mil 700 hectáreas de tierra a los ejidatarios en una zona colindante con las vías del tren. El ex funcionario estatal durante la administración de la ex gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco, aparece en decenas de municipios del Estado como comprador de tierras, pero no se sabe el origen del dinero, en efectivo, con el que paga tierras y manipula asambleas en los ejidos.

El día de ayer, el ex subprocurador llevó a unos 150 campesinos de Chocholá y Samahil con pancartas y mantas impresas para que se manifestaran frente al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034 para denunciar al ex delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Alfredo Ramírez Gómez.

Según explicaron los ejidatarios de Samahil llevados por el ex subprocurador, éste les dijo que Alfredo Ramírez “cobró un millón de pesos” a las tres personas que se oponen a la venta de esas mil 700 hectáreas.

Sin tener mayores pruebas para dicha acusación más que los dichos del ex subprocurador, afirmaron también que el ex delegado utilizó “para su beneficio personal su cargo para violar la autonomía de los ejidos”, según dijeron, aunque no mencionaron que el hoy abogado (Rafael Acosta) de poderosos empresarios, interviene constantemente con dinero y maniobras legales en los ejidos como en el de Samahil o de Chocholá, por citar dos.

Los ejidatarios favorables a la venta de tierras a cambio de 30 mil pesos por cabeza, también acusaron al ex delegado de presuntamente “provocar enfrentamientos entre los mismos pobladores”, pues aseguraron, que convenció a quienes se oponen a la venta de tierras en Samahil a interponer denuncia en el Tribunal Unitario Agrario.

Insistieron en que ellos firmaron “en tiempo y forma su conformidad por la venta de terrenos al mismo tiempo que recibieron el dinero mencionado”, por lo que se mostraron muy enojados por la obstaculización de la misma.

Eso sí, aceptaron que el ex subprocurador Acosta les ofreció el dinero, aún cuando no les dijo qué se edificará en el predio que están vendiendo. Es decir, no tienen idea del impacto que pueda tener en el ejido y población el proyecto que se realizará en las mil 700 hectáreas.


[b]Versiones a modo de Rafael Acosta[/b]

Según la versión que hace circular el ex subprocurador entre algunos periodistas locales “Ramírez Gómez viola las leyes agrarias, para su beneficio personal”.

En el caso de los ejidos de Chocholá y Samahil, los ejidatarios acarreados acudieron a presionar a las autoridades e inclusive intentaron irrumpir en el Tribunal con la justificación de la supuesta “intromisión del funcionario federal”, a quien acusan de “solicitar documentos oficiales” y de “utilizar a algunas personas de las poblaciones para interponer amparos sobre asambleas efectuadas años atrás”, según dijeron, sin mencionar la posible ilegalidad de dichas asambleas, en las que han intervenido no raramente intereses empresariales para inclinar la balanza en la dirección que les conviene.

Los ejidatarios favorables a la venta operada por Rafael Acosta, dijeron “reprobar la actitud de Ramírez Gómez, quien pretende cambiar la decisión tomada en la asamblea, empleando para ello a tres personas para que interpusieran una denuncia para invalidar tal evento”, según dijeron.

Insistieron en que “en Samahil somos 442 ejidatarios, pero sólo tres están inconformes con la asamblea efectuada hace ya varios años”.

Y acusaron a los ejidatarios, Lorenzo Balam, Wilbert Chuil y Gabino Dzib de estar “en contra del ejido de Samahil: que digan la verdad en su demanda, qué intereses persiguen”.

En las mantas impresas por Rafael Acosta y mostradas por los inconformes se afirmaba: “Esta demanda es una extorsión de Alfredo Rodríguez, enlace de la PA y junto con su socia Margarita Placido, que trabaja en el gobierno federal”.

Cabe señalar que los ejidatarios de Samahil reconocieron que ya vendieron otras tierras, “por donde pasa el tren, al señor Millet”, aunque en esa ocasión sólo recibieron 20 mil pesos por persona y algunos no han cobrado, según aseguraron.

Respecto a Chocholá, el litigio que se ventila en el Tribunal Unitario Agrario 34 de Mérida tiene que ver con 602 hectáreas vendidas hace siete años a un grupo de empresarios entre los que estarían los Abraham, ya propietarios de un banco de material en dicho municipio.

También en éste caso recientemente el ex delegado federal interpuso un recurso legal para impugnar dicha venta.

“Es la primera audiencia de una demanda en contra del Ejido por la venta de 602 hectáreas, efectuada hace siete años, es una acta impugnada en otras administraciones, la tercera en su tipo”, dijo la comisaria Maritoña Flores Rosado, quien se encontraba en dicho lugar.

Los ejidatarios que se oponen a la venta de tierras en Chocholá señalaron que la calera que están construyendo empresarios en dicho municipio amenaza sus apiarios y producción de miel, además de la fauna y flora del ejido. Los ejidatarios también han denunciado la amenaza al manto freático por la extracción de material pétreo debido a que ya aflora el agua.

Eso sí, la comisaria de Chocholá, a quien dirigen y dicen qué decir otras personas, aseguró “que la asamblea de la venta de las tierras se efectuó de manera legal”.

En éste caso, como en el anterior, intereses empresariales intervienen ofreciendo dinero y utilizando operadores que antes tenían como aliado incondicional a la Procuraduría Agraria y al gobierno federal vía la corrupción.