Jazmín Sánchez Arceo
Foto: cpagency.org
La Jornada Maya

Martes 16 de abril, 2019

A lo largo de las cinco entregas anteriores, hemos analizado cómo el modelo de Transición Energética (TE) promovido en México, implementado en Yucatán y potencializado con la Reforma Energética de 2013, se enmarcó en políticas públicas, con instrumentos y mecanismos de planeación basados fundamentalmente en el mayor rendimiento económico al capital privado tras la satisfacción de la demanda energética. Sin embargo, es notable la falta de integración de un análisis profundo que fortalezca la eficiencia energética y que haga una revisión integral y crítica de la demanda de energía, considerando posibles costos sociales y ambientales. Así, el impulso que se había dado en México al desarrollo de las energías renovables (ER), lejos de dirigirse hacia un camino de transformación del sistema energético bajo en carbono, más eficiente, responsable, equitativo y sostenible en el tiempo -el sentido amplio la TE-, se sujetó a la promoción de megaproyectos bajo modelos privados (tal y como los más de 20 parques eólicos y solares que se ubicarían en Yucatán), omisos a una planeación estratégica e integrada, social y ambientalmente, que hoy en día comprometen seriamente recursos naturales regionales, transgreden el tejido social y territorial, y los derechos humanos y colectivos de las comunidades locales, incluyendo una alta población indígena.

Tales consecuencias no son resultado directo de las ER ni de las tecnologías correspondientes, sino de un modelo de desarrollo que prioriza la concentración de la propiedad y la gestión de los recursos energéticos en manos del gran capital privado, principalmente multinacional, y donde el poder de decisión recae en un reducido número de actores (generalmente sólo instituciones del sector, del gobierno, los grandes inversionistas y los grandes industriales). Sin embargo, éste no es el único modelo posible y tampoco es lo que se necesita para acelerar una TE coherente con su principio de sostenibilidad (ver el texto [i]Acelerar la transición energética justa y ambiciosa, urgencia mundial: WWF[/i], 2017, http://www.wwf.org.mx/?uNewsID=311230).

Redireccionar el paradigma de desarrollo de las ER es apremiante, y para ello vale la pena analizar los diversos modelos y oportunidades de desarrollo, que las mismas ER han permitido gracias a la naturaleza descentralizada y gratuita de los recursos energéticos renovables, tales como la radiación solar, el viento y la biomasa. Entre ellos, destacan los modelos de desarrollo basados en la experiencia participativa de la sociedad, tales como “la generación distribuida”, “ la energía ciudadana” y “la energía comunitaria”. Por ejemplo, se pueden considerar instalaciones solares en los techos (para autoconsumo residencial o comercial) y parques solares/eólicos, en manos de cooperativas locales y bajo diversas estructuras organizativas que pueden incluir ciudadanos, pequeñas y medianas empresas –PYMES-, fraccionamientos, comunidades, municipios, etc.); en estos modelos, los ciudadanos pueden generar, autoconsumir, gestionar y vender energía. Algunos casos concretos se pueden conocer en [a=http://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/energias-renovables/alternativas-energeticas/]es.greenpeace.org[/a].

En los modelos de energía participativa, los proyectos de energía renovable pueden tener diferentes escalas, pero a diferencia de los modelos privados que buscan el mayor rendimiento económico, los modelos de energía participativa, buscan alcanzar objetivos socio-ambientales y generar mayor valor local. De esta manera se atienden factores como la resiliencia, la autonomía y el empoderamiento social.

Así, estos modelos aceleran el acceso universal a la energía, precios más bajos y las tasas de despliegue de las ER (Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), 2018, [a=https://coalition.irena.org/-/media/Files/IRENA/Coalition-for-Action/Coalition-for-Action_Community-Energy_2018.pdf?la=en&hash=2B26C5DDA7C89BEE08AC9FD84D637BAC36A0D045)]coalition.irena.org[/a].

[b]Características de los modelos de energía participativa[/b]

Diversifican el rol de los actores en los sistemas energéticos: los ciudadanos, las PYMES, los municipios, etc., dejan el papel pasivo de “consumidores” convirtiéndose en “productores” activos, asumen mayor responsabilidad en su demanda energética; se convierten en “prosumidores”, es decir que además de consumir, también pueden acceder a la generación, gestión y venta de la energía.

Amplían los modelos de propiedad alrededor de las inversiones y de la gestión de los recursos energéticos de un país: tienden a contrarestar los monopolios (públicos o privados), promoviendo estructuras más democráticas, mayor distribución y justicia energética. Por ejemplo, en los modelos de energía comunitaria, la propiedad de la totalidad o de la mayor parte de los activos de un proyecto recae en actores u organizaciones locales, y el control del territorio permanece a nivel local, lo cual es sumamente importante en contextos indígenas como el de México.

Descentralizan el control de las decisiones, y requieren de una responsabilidad compartida, obligando a un análisis multidimensional y a procesos de mayor transparencia en la planificación, construcción y rendición de cuentas respecto a los activos e infraestructura energética.

Descentralizan los beneficios sociales y económicos, y buscan que su distribución permanezca a nivel local.

Promueven un desarrollo ordenado en un contexto geopolítico, donde los territorios abundantes en recursos energéticos renovables se han convertido en yacimientos energéticos de valor inmensurable, y dónde es imperativo que el crecimiento económico sea respetuoso de los derechos humanos y de la capacidad de carga socioambiental del territorio.

[b]Para una transformación profunda de los sistemas energéticos[/b]

Los modelos de energía participativa son fundamentales para una transformación profunda de los sistemas energéticos del futuro. Su historia misma así lo recuerda, pues el desarrollo inicial del sector de las renovables a nivel global, sobre todo en la eólica, fue impulsado desde sistemas organizativos locales tales como cooperativas en Dinamarca, Alemania o Canadá, enfrentando para ello una continua adaptación de los marcos regulatorios en los diferentes países. El gran capital privado entró al sector más recientemente, a partir de la segunda mitad de la década de 1990, como es el caso de la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec.

Si bien en México aún hay varios desafíos para la implementación de los modelos de energía participativa, que van desde barreras culturales, regulatorias y financieras, entre otras, también existe una coyuntura sociopolítica importante, que tendría que encaminar un nuevo marco de políticas públicas, permitiendo una transformación de largo aliento para el sistema energético. Para ello, gobierno y sociedad, en sus diferentes estructuras, tendremos que reconocer que el cambio climático es una realidad dónde la TE es una necesidad urgente, que requiere, más allá de la promoción e inversión de capital multinacional, del empuje de modelos desarrollo sostenibles, responsables e inclusivos, para asegurar una transformación del sistema energético, con mayor justicia y democracia. En México, un mayor impulso a la generación distribuida, la revisión y rediseño de los instrumentos legales, la actualización de los programas de ordenamiento ecológico y territorial, y la ampliación del debate público, con una sociedad crítica y una comunidad científica que conduzca su trabajo en vinculación con las preocupaciones de la sociedad, marcarían un buen inicio para esta dirección.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
[b]articulació[email protected][/b]


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