El plan de Vila

Francisco J. Hernández y Puente
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 15 de abril, 2019

México no se ha distinguido por una rigurosa práctica en la planeación de su desarrollo. A pesar de que los procesos de planeación están plenamente normados e institucionalizados en el sistema de organización política y administrativa del país, es un ejercicio que recién se echó a andar apenas hacia finales de siglo XX con resultados más bien funestos. Allá cuando el presidente José López Portillo anunciaba el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 (PGD). Paradójicamente, después de ese anuncio vendría el desastre económico-financiero generado con la crisis de la deuda que dio inicio a lo que se conoció como la década perdida para México. El PGD se archivó en alguno de los cajones de alguna oficina de la hoy desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).

Ciertamente, durante los años previos hubo en México varias y distintas experiencias de planeación, nacionales, sectoriales, regionales, especiales; algunas con relativo éxito y la gran mayoría francamente fracasadas. Fue precisamente el presidente Miguel de la Madrid, -que había sido el titular de la SPP-, el que reformó el artículo 26 de la Constitución Política del país en 1983, a partir de la cual derivó la actual Ley de Planeación, con lo que prácticamente queda establecida la obligación de que cada presidente formule al inicio de sus sexenio un plan nacional de desarrollo. Con esa nueva Ley quedó abrogada la Ley sobre Planeación General de la República de 1930.

Aunque la planeación del desarrollo no estaba considerada en la Constitución hasta antes de ese año, se practicó discrecionalmente sin un marco legal plenamente establecido. Basta recordar el Plan Sexenal 1934-1940 del presidente Lázaro Cárdenas, y el de 1940-1946 de Manuel Ávila Camacho, ambos implementados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y bajo una visión nacionalista que promovía la industrialización y la reforma agraria.

El Plan Sexenal del general Cárdenas anticipaba varios de los actos de gobierno más trascendentes de su mandato, como la entrega de tierras a los campesinos y la expropiación de la industria petrolera; dos componentes fundamentales en los que se sustentó la expansión capitalista de México por prácticamente 40 años.

Décadas más tarde, la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz se guió con el Programa de Desarrollo Económico y Social 1966-1970. Desde el punto de vista regional también se instrumentaron estrategias de distinto tipo. En su época fueron célebres los planes destinados al sector agrícola y al desarrollo regional como el Coplamar (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, o el Plan Chontalpa, en Tabasco. Pero en realidad fue hasta la administración de José López Portillo cuando su secretario de Programación y Presupuesto elaboró y presentó un plan con las características (en cuanto a la estructura del documento: diagnóstico, objetivos, estrategias y líneas de acción) del que se ha presentado en cada administración desde aquel año.

A partir de entonces y en esa circunstancia histórica, los gobiernos de las entidades federativas comenzaron a promulgar sus respectivas leyes de planeación, con la participación de sus municipios, atendiendo al Sistema Nacional de Planeación Democrática contenido en los artículos 25 y 26 constitucionales y en la propia Ley de Planeación.

Ahora, cada vez que llega un nuevo mandatario a la Presidencia del país, a la gubernatura de una entidad federativa o al frente de un municipio, la ley obliga a la presentación de un nuevo plan de desarrollo, nacional, estatal o municipal, respectivamente. De hecho, estamos a la espera del Plan Nacional de Desarrollo que Andrés Manuel López Obrador debe presentar, en mayo.

Aunque este relativamente nuevo, riguroso y participativo modelo de planeación no ha generado mejores resultados (no hay en el país muchos ejemplos del éxito que haya alcanzado algún plan en cualesquiera de sus modalidades), hace unos días, en cumplimiento a la normatividad establecida por la Constitución y la ley correspondiente, el gobernador Mauricio Vila presentó y publicó el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán, 2018-2024. Un voluminoso documento de 618 páginas al cual se sujetarán obligatoriamente las acciones de la administración pública estatal, en el que participaron para su elaboración 2 mil 542 ciudadanos en 172 mesas de trabajo, además de las 58 mesas regionales, a las que asistieron 813 personas. Aparentemente un ejercicio de participación muy exhaustivo que procesó diagnósticos, objetivos, estrategias y líneas de acción para el nuevo gobierno yucateco.

Tres iniciales méritos pueden destacarse del documento: su enfoque de derechos humanos (económicos, sociales y culturales), su alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 2030 de las Naciones Unidas, y su encuadramiento con los objetivos que, en principio, se definirán para el plan nacional de desarrollo. El enfoque de derechos humanos y de atención a los ODS es importante, porque se trata del mismo esquema metodológico que se usa en las políticas públicas, y en particular en polìtica social, para medir sus impactos en las condiciones de vida de la gente. Previsiblemente, en el plan de desarrollo nacional que se de a conocer en los próximos días habrá ese mismo enfoque. Se trata pues de un encuadramiento de las estrategias y la líneas de acción de planes subnacionales (estatales y municipales ) con el nacional.

Por otra parte, el plan estatal anunciado por el Mauricio Vila, en cuanto a su diagnóstico, tiene la ventaja de ponernos al día, y en el justa dimensión, de varios asuntos.

En Yucatán, ni la economía ni la población crecen tanto como se ha dicho.

La seguridad y la paz se confirman como la dos grandes fortalezas de la entidad.

El medio ambiente es un desastre que, en poco tiempo puede poner en riesgo los avances logrados en la entidad.

La pobreza y la desigualdad representan el mayor reto para el gobierno y la sociedad.

La economía yucateca ha crecido, entre 2007 y 2017, a una tasa ligeramente arriba (2.7 por ciento) de la media nacional (2 por ciento), y 13 economías estatales han crecido más que la del estado. Hay entidades como Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, cuya tasa de crecimiento fue superior al 4 por ciento en el mismo periodo. Por lo que hace al crecimiento demográfico, el diagnóstico del Plan revela que la población creció al 1.7 por ciento entre 1990 y 2015, pero es entre 1990 y 1995 cuando mayor aumento se registró.

Dos terceras partes de la población del estado (mayores de 18 años) considera que vivir en Yucatán es seguro, con lo que sigue siendo la entidad más segura del país. El Índice de Paz destacó al estado como el más pacífico en 2017.

El Plan señala que Yucatán presenta elevados procesos de degradación del medio ambiente como consecuencia de su vulnerabilidad territorial ante los efectos del cambio climático, el inadecuado manejo de residuos, deficiente conservación de recursos naturales, consumo de energía de fuentes contaminantes y una débil conservación de la vida marina y ecosistemas terrestres, entre otros. Lo anterior ocasiona un ejercicio insuficiente del derecho humano al medio ambiente sano en la entidad.

Finalmente, cuatro de cada 10 personas en Yucatán viven en condiciones de pobreza (901 mil 864) y se registra un alto grado de rezago social, que en 2015 fue superior al del año 2000. Yucatán se encuentra entre las 10 entidades del país con mayor rezago social, localizado principalmente en el oriente de la entidad.

Las prioridades están señaladas. Es evidente que ni el crecimiento de la economía, ni la seguridad y la paz del estado son sostenibles ante el desastre del medio ambiente y los altos niveles de pobreza que se registran... ¡Menuda tarea tiene el gobernador, según se consigna en el Plan que nos acaba de dar a conocer!

*Profesor del CEPHCIS, UNAM.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
[b][email protected][/b]