La ciudadanía de segunda, en el Congreso

Felipe Escalante Tió
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Martes 9 de abril, 2019

El Congreso de Yucatán tiene cita con la historia mañana, cuando finalmente deberá discutirse un tema al cual los diputados le han huido, demorado y evitado pronunciarse en lo personal: la reforma de la legislación yucateca a fin de reconocer el matrimonio igualitario en el sentido que ya indicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, a través de la jurisprudencia 85/2015, establece que las leyes que definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de procrear son anticonstitucionales.

Recordemos que van ya tres legislaturas locales que han procurado escurrirse y evitar comprometerse con el tema, motivados tal vez por una falsa concepción de la población a la cual representan y, por el contrario, prestando oídos a un solo perfil ciudadano en el cual se encuentran incrustados varios grupos de odio.

La más reciente acción para escurrir el bulto fue la apertura de un micrositio en el portal del Congreso del estado para que la ciudadanía se expresara sobre el matrimonio igualitario, esto sin establecer un compromiso sobre el manejo de la información ni el valor que se iba a dar a la misma. Prefirieron hacer esto en lugar de recurrir a los mecanismos de parlamento abierto que ya habían empleado en otros temas. Mientras, durante la semana, ninguno de los legisladores se refirió al tema, ni siquiera como respuesta a la prensa.

Tal parece que los oídos de los diputados yucatecos han sido mucho más proclives a escuchar las homilías dominicales, en las que se llama a orar para que mantengan “la familia como la conocemos los cristianos” que al supuesto lobby gay al que apelan algunos seguidores de teorías de la conspiración. Todos, independientemente de la presunta filiación de sus partidos, han preferido pasar agachados.

Esta manera de actuar exhibe a los legisladores como un grupo compacto interesado en mantener en calidad de ciudadanos de segunda clase a quienes buscan el reconocimiento de su unión. Como grupo compacto, porque tal pareciera que las plataformas de sus partidos con respecto a este tema no importan; particularmente la supuesta “izquierda” que dicen representar el PRD y Morena. Ciudadanos de segunda, porque les niega los derechos elementales que confiere la figura del matrimonio.

Tal pareciera que existe miedo a emplear precisamente la palabra matrimonio para la unión de parejas homosexuales. Incluso hay quien afirma que se debiera crear una figura jurídica diferente porque esta unión es estéril; como si no hubiera parejas heterosexuales en cuyo proyecto de vida no está contemplado tener hijos; incluso hace 10 años se hablaba del fenómeno de los “DINK” (siglas de double income, no kids; o doble ingreso, sin hijos). ¿Para qué hablar de un término “equiparable al matrimonio” cuando lo que se pretende es que las personas tengan los mismos derechos y obligaciones derivados de esta figura, entendida como el contrato que reconoce y sanciona el Estado laico?

Recordemos que el Estado, más que establecer la protección a instituciones como la familia, reconoce derechos y garantías individuales. Ocurre que las instituciones cambian a través del tiempo y de acuerdo a la sociedad, por lo que deben revisarse continuamente para su mejor funcionamiento. Si revisamos un texto básico, La sociedad antigua, de Lewis H. Morgan (1877) podremos confirmar que a lo largo de la historia de la humanidad han existido y existen diferentes modelos de familia, por lo que resulta por demás inútil definirla de una forma exclusiva y excluyente.

Va de nuevo: el tema es de garantías individuales e igualdad. Ante una jurisprudencia de la SCJN nada tienen que ver ni la soberanía del estado, ni una consulta popular. El tema es, pues, jurídico y nada más; de lo contrario sería mantener como desiguales ante la ley a un buen número de personas y seguir promoviendo el odio hacia ellas.

[b]Vienen tiempos más oscuros[/b]

Sin una discusión sana, basada exclusivamente en el aspecto jurídico del matrimonio igualitario, esta legislatura pasará a la historia precisamente con minúsculas. De nueva cuenta terminará por segregar a un sector de la población, compuesto por hombres y mujeres que trabajan, votan y pagan impuestos; incluso ejercen la paternidad y la maternidad como cualquier otra persona. Su única “falta” es vivir una sexualidad fuera del canon.

Mientras, se presentan otras iniciativas que en la práctica conducen a mayores obstáculos en cuanto a la garantía de derechos. El diputado Manuel Díaz Suárez (PAN) ya promueve garantizar la objeción de conciencia de manera que los profesionales médicos puedan negarse a realizar algún procedimiento si éste contraviene sus creencias. La cuestión de fondo es que, tratándose de instituciones públicas de salud, éstas deben ser laicas y aunque exista la objeción de conciencia, el Estado debe garantizarle al paciente que el procedimiento en cuestión se le realice precisamente en una institución pública.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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