Congreso del Estado tiene cita con la historia: Armando Rivas Lugo

Katia Rejón
Foto: Afp
La Jornada Maya

Domingo 7 de abril, 2019

El 5 de abril fue el último día para que la ciudadanía participe en el foro de opinión que crearon los diputados de Yucatán en el marco del análisis de la Iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, en materia de matrimonio igualitario. Los activistas a favor de los derechos humanos han criticado esta metodología pues consideran que el derecho a casarse no debe someterse a debate.

“A estas alturas, no estamos en momento de discutirlo, lo que tendría que hacer el Congreso es acatar el mando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la CNDH, la Conapred y todas las instituciones. No hay ninguna institución que diga lo contrario”, afirmó Armando Rivas Lugo en entrevista.

Agregó que tampoco es el momento de “acosar a las autoridades” en relación con los comentarios masivos que ha recibido la diputada panista Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso. Al inicio del debate, ella afirmó que contaba con estadísticas que decían que el 99 por ciento de la población yucateca estaba en contra del matrimonio igualitario.

“Bajo esa lógica, se abrirán violaciones de derechos humanos y la regresión de muchos de ellos: si el 99 por ciento quiere revocar el voto a las mujeres ¿lo podrían hacer?”, expresó el activista.

Hace diez años, en Yucatán se presentó la primera iniciativa popular de la Ley de Participación Ciudadana para limitar el derecho al matrimonio sólo entre personas heterosexuales. Esta ley que tiene como objetivo fomentar la cultura cívica, garantizando la libre expresión ciudadana a partir del derecho a la información, se estrenó para rechazar cualquier intento de personas homosexuales e integrar una familia y adoptar.

La ley promovida por la Red Pro Yucatán se aprobó con el voto de 24 de los 25 diputados locales del Congreso de Yucatán en el 2009, y reformó el apartado del Código Civil para que el matrimonio estuviera conformado únicamente entre hombre y mujer.

De acuerdo con medios nacionales como La Jornada (2009) “El Congreso del estado estuvo prácticamente lleno de personas afines a la citada organización católica, quienes al término de la sesión felicitaron a los diputados. Es un triunfo de la sociedad que quiere preservar los valores familiares, la moral y las buenas costumbres, dijo Ivette Laviada, dirigente de esa organización”.

En su Artículo 2, dicha ley establece como premisa necesaria para discutir la iniciativa “el conocimiento anticipado por parte de los ciudadanos, sobre los actos, políticas públicas y acciones programadas, a fin de hacer posible la participación eficaz e informada de los ciudadanos”. Sin embargo, como parte del reportaje Maternidad Forzada: El mito del aborto legal en Yucatán, publicado en La Jornada Maya este 5 de abril, dimos a conocer la entrevista a la ex diputada Bertha Eugenia Pérez Medina del Partido Revolución Democrática (PRD) quien fue la única que votó en contra de esta iniciativa y de la reforma al Código Civil que protege la vida desde su concepción, ambas aprobadas el mismo día.

Bertha Eugenia Pérez Medina contó que no estaba enterada del dictamen de las iniciativas y “casi todos los días pasaban dictámenes en fast track”, es decir, se turnaban al Pleno -para su aprobación- iniciativas que habían sido analizadas en las comisiones en corto tiempo, de manera reservada, en algunos casos a puerta cerrada y no con amplia difusión pública. Agregó que los legisladores “adoptaban morales de grupos religiosos cuando ellos tenían una vida contraria a lo que aprobaban”.

La Red Pro Yucatán (organización que promovió esta ley) forma parte del Frente Nacional por la Familia que surgió a nivel nacional en el 2016 para oponerse a las iniciativas del ex presidente Enrique Peña Nieto en relación con el matrimonio igualitario y el cambio de sexo administrativo.

En el estado comenzó a operar en la misma época y se le sumaron cuatro organizaciones que ya existían: el movimiento “Unión por la Familia”, la “Unión Nacional de Padres de Familia”, la “Red para la Familia en Yucatán” y la “Red Pro Yucatán”. Algunos integrantes de estas agrupaciones conservadoras se han vinculado con puestos de gobierno e instituciones de derechos humanos, lo cual explicaría por qué ha sido tan difícil que el estado acate las disposiciones de instancias nacionales e internacionales y mantenga el estado de inconstitucionalidad de dicha ley.
Los miembros del Frente también han realizado a las cuales ha acudido Jorge Victoria Maldonado, quien era presidente de la Codhey en el 2009 cuando se pusieron los candados para el matrimonio igualitario. Mientras que la agrupación Sueños de Ángel A.C. y la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Pro Yucatán nominaron a Miguel Óscar Sabido Santana para presidir la Codhey quien hace un mes fue criticado por activistas de derechos humanos por decir que algunos derechos humanos “si deben ser sometidos a consulta”, al preguntarle sobre el matrimonio igualitario.

Hace diez años, la diputada panista Patricia Gamboa Wong dijo que esta ley no era para discriminar a personas de otra preferencia sexual, sino que todavía no habían “condiciones adecuadas en la entidad y en la sociedad yucateca para permitir enlaces entre gente del mismo sexo”.
Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de declarar inconstitucional las leyes de los estados que defienden al matrimonio como una unión exclusiva entre hombre y mujer, y que parejas de Yucatán se han casado con un amparo, Yucatán no sólo cuenta con las condiciones, sino que ya no tiene las condiciones para estar como está hasta ahora.

“El Congreso del Estado de Yucatán tiene una oportunidad histórica de sumarse a otros estados que reconocen la igualdad plena de derechos. Está en sus manos esta oportunidad, tienen una cita con la historia. Así como hoy recordamos el Primer Congreso Feminista, así en 100 años recordaremos quiénes votaron a favor y quiénes en contra”, finalizó Rivas.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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