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Francisco J. Rosado May
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya

Martes 2 de abril, 2019

En medio de la casi frenética actividad del Congreso, discutiendo nuevas leyes y reformas como la consulta para refrendar cargos públicos, la semana pasada avanzó una de las iniciativas presidenciales prometidas en campaña: la reforma a la reforma educativa de Peña Nieto.

Si bien la actividad de la CNTE detuvo el ritmo de trabajo al bloquear los accesos y los trabajos en el Congreso de la Unión, finalmente nos encontramos en un punto en el que se puede hacer propuestas para que los ciudadanos sean quienes dirijan las decisiones del Congreso. Es decir, no solo la CNTE debe tener influencia en el contenido de la nueva reforma educativa y sus leyes secundarias.

Se encuentra en la mesa de discusión la reforma a los artículos constitucionales 3º, 31avo y 73avo. El tercero es sobre el derecho de los mexicanos a recibir educación, el 31 es sobre la obligatoriedad de tener cierto nivel educativo, entre otras obligaciones de los mexicanos, y el 73 sobre la obligatoriedad de la federación para proveer educación en diferentes niveles académicos. Se trata de una reforma integral que, de entrada, ya marca una diferencia con la reforma de la administración federal anterior.

Hay varios elementos que se deben analizar y los ciudadanos debemos opinar para guiar las decisiones del Congreso. Hasta ahora se entiende que el derecho (Art. 3) a la educación “termina” con el nivel medio superior. ¿Por qué no hasta licenciatura o posgrado? Hasta ahora se entiende que el estado mexicano garantiza la educación hasta el nivel medio superior (Art 31). ¿Por qué no hasta licenciatura o posgrado? Hasta ahora se entiende que la federación tiene la obligatoriedad de subsidiar, o sea federalizar, la educación hasta nivel medio superior (Art 73). ¿Por qué no hasta licenciatura o posgrado?

México es uno de los países de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) que se encuentra con los porcentajes mas bajos de cobertura en educación superior, en aprovechamiento académico, en competitividad, en innovación, …y seguimos siendo un país en desarrollo con brechas muy amplias entre una minoría que tiene y una gran mayoría que no tiene. Y hay una correlación de esta situación con el acceso a la educación y la calidad de esta.

Hay palabras claves en la discusión de la reforma a la reforma educativa: educación gratuita en todos los niveles, incluyendo la superior; obligatoriedad del estado a garantizar no solo calidad en educación sino que ésta debe estar acompañada de equidad y pertinencia en los modelos educativos; preparar a niños, jóvenes y adultos no solo para los retos de hoy sino para construir un futuro competitivo en el marco de un desarrollo sostenible que incorpore ciudadanía, paz, justicia, transparencia, rendición de cuentas, combate a la impunidad; respeto a y potencializar las diferentes formas de aprendizaje y construcción de conocimiento para crear nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje; equidad no solo en género y condición social sino también en áreas de conocimiento (actualmente hay mucho sesgo hacia ciertas áreas como las económico-administrativas y sociales, descuidando las ciencias naturales, exactas, ingenierías, tecnológicas e incluso las humanísticas).

En Quintana Roo es posible observar algunas universidades públicas con mejor equipamiento e infraestructura que otras, profesores mejor pagados en unas que en otras, Instituciones cuyos porcentajes de académicos en el sistema nacional de investigadores o en el programa de PRODEP de la SEP es mas alto que en otras. Si nos referimos a las condiciones de los niveles anteriores, las diferencias son mas obvias, escuelas en comunidades rurales sin infraestructura y con pocos profesores que las escuelas en zonas urbanas. Puntajes en instrumentos de evaluación, en promedio, muy diferentes entre estudiantes que estudian en comunidades rurales que en ciudades. Obviamente, bajo estas condiciones, muy posiblemente hay diferencias en la calidad de los egresados. Estas diferencias hablan de inequidad y de descuido en el seguimiento del desempeño de las instituciones académicas. ¡Por supuesto que URGE una verdadera reforma educativa!

Hablando de equidad, será muy bueno conocer si en la Secretaría de Educación del estado tienen datos confiables del porcentaje de estudiantes indígenas o afromexicanos inscritos en cada institución de educación de cada uno de los niveles. Ojalá que sí y lo tengan no solamente para el año actual sino de años pasados. Alguien podría confirmarlo con una solicitud al IDAIP. Si en las estadísticas de esta secretaría o de otras dependencias estatales no hay datos confiables sobre equidad, se confirma la urgente necesidad de una reforma educativa que implique calidad con equidad.

Este sexenio no solo es cambio de administración y régimen, es también un cambio profundo en política pública, necesario e indispensable porque se apuesta a un escenario de ganar-ganar entre todos los sectores de la gran familia mexicana.

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